San José, 23 oct.- El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirmó que no negociará con el sindicato de los puertos del Caribe, el cual ratificó hoy que se mantendrá en huelga indefinida como protesta a la futura construcción de una terminal privada de 1.000 millones de dólares.
El mandatario aseguró este jueves que la huelga, que también hoy cumplió su segundo día, es injustificada y que el Gobierno respetará el contrato firmado con la empresa holandesa APM Terminals para la construcción del "megapuerto" y su operación por 30 años.
"Esto no es una negociación, es una conversación (...) el diálogo nunca está cerrado en un democracia", dijo el mandatario a los periodistas tras un evento oficial.
La noche del miércoles la policía tomó el control de los puertos de Moín y Limón, en la provincia de Limón (Caribe), por donde se moviliza el 85 % del comercio internacional de Costa Rica.
En ese operativo las autoridades detuvieron a 68 personas, que luego fueron liberadas, y según el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, no hubo violencia.
La operación de los puertos fue restablecida hoy con trabajadores locales y algunos extranjeros contratados por la estatal Junta Administradora de los Puertos de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Esta acción ha sido aplaudida por los sectores empresariales del país que temían pérdidas en las exportaciones e importaciones.
Representantes del Gobierno y del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) se reunieron hoy para buscar una salida a la huelga, pero no llegaron a un acuerdo.
El secretario general de Sintrajap, Ronaldo Blear, dijo en una conferencia de prensa en la provincia de Limón que "la huelga seguirá" hasta que el Gobierno acceda a renegociar una cláusula del contrato con APM.
Según el sindicato, una cláusula del contrato otorga a APM un "monopolio ilegal" en la carga y descarga de contenedores, lo que supondría graves daños para las terminales estatales y sus trabajadores.
El Gobierno ha negado esta versión y ha explicado que APM atenderá barcos que únicamente transporten contenedores y que el resto de naves deberá atracar en los puertos estatales.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha informado que la futura terminal de APM permitirá atender barcos con capacidad de hasta 8.500 contenedores, casi cuatro veces más grandes que los que pueden atracar en los puertos estatales.
Por ahora solo hace falta un pronunciamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para que se inicien las obras.
La Setena tiene plazo hasta marzo próximo para decidir si aprueba el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.
El proyecto del nuevo puerto comenzó en el 2009 cuando fue sacado a licitación, en el 2011 fue adjudicado a la firma APM y desde entonces la iniciativa ha enfrentado diversas trabas burocráticas y recursos legales en su contra.
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