Madrid, 9 jun.- La caída de la renta agraria hace inviable que en muchas explotaciones familiares se paguen dos cotizaciones a la Seguridad Social -el titular y su cónyuge- y, por tanto, que las agricultoras se beneficien de la nueva Ley de Titularidad Compartida, según la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, Carmen Quintanilla.
En una entrevista con Efeagro, Quintanilla reconoce que esta norma, que entró en vigor el pasado enero, dio respuesta a una reivindicación histórica al permitir que las mujeres que trabajan en las explotaciones familiares como colaboradoras tengan beneficios fiscales, de Seguridad Social y de acceso a subvenciones.
Quintanilla, quien también preside la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), cree, sin embargo, que ante la actual situación de crisis económica "hay que tener los pies en el suelo".
Con la caída del 27 % de la renta de los agricultores en los últimos cinco años hay "pocas explotaciones agrarias que puedan permitirse pagar dos cotizaciones", señala.
Por eso, a su juicio, "no serán muchas las mujeres que se acojan a esta norma", aunque a partir del próximo año podría darse "un repunte" en aquellas que accedan a los registros de titularidad compartida.
Respecto a la reducción de la dotación para el desarrollo rural, Quintanilla considera que el Gobierno ha tenido que hacer "los presupuestos más austeros" para cumplir con los objetivos de déficit y que "espera" que en las próximas cuentas del Estado se incremente.
La "ordenación del territorio es una asignatura pendiente en España", aunque la presidenta de Afammer no es partidaria de la fusión de municipios tal y como se ha propuesto desde algunos ámbitos para ahorrar costes.
En cuanto a la política de Igualdad del Gobierno, insiste en que "tiene un compromiso taxativo con las mujeres" y con acabar con "la mayor injusticia que sufren, que es que muchas no tienen empleo".
El empleo es "la mejor política social que se puede hacer", así como "el pilar fundamental" de la independencia de las mujeres, por lo que se "hará todo lo posible para atajar el paro femenino", añade.
Recuerda que, para ello, desde el Gobierno se ha anunciado la puesta en marcha de un plan de empleo dirigido a mujeres que, a su juicio, debe incluir subvenciones y beneficios fiscales y de las cotizaciones sociales.
Otra prioridad, señala, es la lucha contra la violencia de género para proteger a las mujeres y sus hijos, por lo que no se van a reducir los recursos destinados a este fin.
A ello se suma el desafío de la conciliación laboral, para la que se creará una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad que debatirá sobre la corresponsabilidad unida a la flexibilización y la racionalización de los horarios.
También se analizará la lucha contra la trata de mujeres y las niñas con fines de explotación sexual, porque "es el mayor negocio lucrativo del mundo, por encima del tráfico de drogas y de armas", remarca.
En este sentido, Quintanilla alerta sobre que "todo esto está detrás de los anuncios de prostitución", que mueven unos 50 millones de euros al año y que se regularán en breve, una medida que ya ha solicitado el Consejo de Estado a través de una recomendación.
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