Madrid, 14 jul.- "La gente del campo se va echar a la calle porque las cuentas no salen", asegura el secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo Ramos, quien apunta el "cabreo" de agricultores y ganaderos por los recortes, la caída de precios, el alza de costes y "la puntilla" de la subida del IVA.
En una entrevista con Efeagro, Ramos apunta que el alza fiscal, aprobada esta semana por el Gobierno, afecta a todos los artículos que se compran en el campo para producir, y que ya son más caros de lo que percibe el agricultor por la venta de los alimentos.
Calcula que unos 800.000 agricultores, la mayoría, se encuadran en el "sistema de módulos" o simplificado del IRPF y no podrán desgravarse el sobrecoste de lo que compran por el alza del IVA.
"El sector agrario está estrangulado, por lo que cada vez se irá radicalizando más", asegura Ramos sobre la situación actual que vive la agricultura, quien recalca además que los productores "no van a tirar la toalla" para defender sus intereses.
Valora que el medio rural podría ser "un refugio frente a la crisis", pero la ausencia de apoyos públicos a la agricultura fomentan el desempleo y la falta de relevo generacional.
El secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) también reivindica el papel activo de agricultores y ganaderos para evitar el abandono de tierras y, con ello, los incendios.
"Los jardineros del medio ambiente somos nosotros", recalca Ramos, quien destaca que con una mejor gestión del territorio podrían haberse evitado los últimos incendios forestales que "han dejado sin nada" a muchos agricultores y ganaderos en comunidades como la Valenciana.
Sobre la crisis agraria, comenta que el campo está debilitado por la sequía y las heladas y el alza de los precios de los piensos, electricidad, gasóleo, fertilizantes y fitosanitarios, pero que las autoridades de Competencia españolas les impide organizarse para obtener precios justos.
El agrícola es el único sector en el que subió el paro en junio, cuando lo normal sería que hubiera bajado mucho para atender las diferentes campañas de verano, especialmente las hortofrutícolas, lo que da muestras de la crisis.
"Los agricultores se apañan en casa, con la mano de obra familiar para recoger la cosecha" por los bajos precios y rentabilidad.
"Un kilo de pienso vale más que un litro de leche y un kilo de aceite se paga un euro menos de lo que costó producirlo", explica.
Otro efecto de la crisis -dice Ramos- es que los agricultores vuelven al autoabastecimiento, es decir, cultivan un poco de todo para al menos tener asegurado alimentos de primera necesidad.
Critica especialmente la política de recortes públicos del Ministerio de Agricultura -más de un 31 % respecto a 2011 y un 65 % desde 2010-, que se suman a las practicadas por las autonomías.
Del ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, denuncia que no se reúne con las organizaciones agrarias para mantener un diálogo fluido, incumpliendo además la última ley de representatividad que salió adelante en la última legislatura con el voto de PSOE y PP.
Según Ramos, la legislación obligaba a crear un Comité Asesor Agrario y un Consejo Agroalimentario del Estado como órganos consultivos del Estado, con participación de las organizaciones agrarias, pero desde su promulgación "no tenemos una interlocución con el Ministerio", más allá de alguna reunión puntual.
Ni siquiera hay encuentros del ministro con todo el sector -añade- para debatir la inminente ley de mejora de la cadena agroalimentaria -que debería acotar prácticas desleales y mejorar precios al granjero- ni para analizar sus avances en Europa sobre la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
En este punto, advierte que la propuesta de la Comisión Europea es "un desastre" para España, que tiene una gran diversidad de cultivos y porque excluye a la ganadería sin base territorial.
Y también avisa de la presencia de nuevos especuladores que se preparan para acceder a las ayudas de la PAC si finalmente se conceden subvenciones por las hectáreas que se acrediten a partir de 2014, con lo que no se solucionarían los actuales desequilibrios.
"Se quitarían las ayudas a los agricultores productivos para que las cobren los propietarios de fincas", concluye Ramos.
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