Recomiendan al Gobierno abrir a terceros la desinversión en empresas públicas

Madrid, 12 nov.- El Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) ha recomendado al Gobierno que abra a terceros la desinversión en las sociedades empresariales públicas y no sólo a los actuales accionistas, con el objetivo de fomentar la concurrencia, tras analizar el caso de Portel Servicios Telemáticos.

Portel, participada en un 51 % por el Organismo Público Puertos del Estado y el 49 % restante por Telefónica, es una de las sociedades públicas en las que el Estado desinvertirá en el marco del plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial, aprobado el pasado 16 de marzo.

Los estatutos de Portel incluyen una restricción a la libre transmisibilidad al recoger un derecho de adquisición preferente a favor de los actuales accionistas, hecho que, con carácter general, genera un fuerte desincentivo a la concurrencia, ya que concede sustanciales ventajas a los actuales socios, según un comunicado del CCP.

El consejo reconoce las grandes dificultades existentes para poner en práctica procesos concurrenciales cuando existen este tipo de limitaciones, por lo que estima sería recomendable realizar un esfuerzo por parte del vendedor para intentar ampliar el ámbito de potenciales candidatos más allá de los accionistas actuales.

Si, a pesar de esos intentos las respuestas de los terceros fueran negativas, entonces se retomaría la negociación con los socios interesados.

En el informe sobre el proceso de venta de Portel, el CCP ha valorado que, pese a la existencia del derecho de adquisición preferente a favor de los actuales accionistas, se optara por negociar directamente con el único socio privado la venta del 51 % de la sociedad, y que el consejo rector de Puertos del Estado acordó que el precio para la venta de su participación fuese el mayor entre el valor técnico contable o el valor de tasación de las acciones.

Para ello, fue seleccionada una empresa externa, en este caso KPMG, que estableció un precio de venta de 444.210 euros para el 51 % de la sociedad y el comprador se subrogará en el préstamo participativo suscrito entre Puertos de Estado y Portel y que asciende a 1,53 millones de euros.

Asimismo, entre las condiciones de la venta se incluye una cláusula de participación del vendedor en el 100 % de las plusvalías que se puedan generar como consecuencia de la reventa durante el año posterior y la renuncia del comprador a cualquier reclamación por posibles pasivos ocultos, esfuerzo que ha valorado el consejo.

En sus conclusiones, además de recomendar que en las futuras ventas se tenga en cuenta el fomento de la concurrencia y la explicación más adecuada de la valoración, se insiste en la conveniencia de que la autorización final de la operación recaiga en el Consejo de Ministros.