Revalorizar las pensiones generará un coste extra de 3.800 millones de euros

El Gobierno puede respirar aliviado. La factura para el presupuesto público de la revalorización de las pensiones se reducirá en 1.200 millones respecto a lo que se auguraba hace sólo un mes si el Ejecutivo decidiera finalmente ejecutar esta actualización, como, por otra parte, exige la Ley de Seguridad Social

Según el indicador adelantado del IPC del mes de noviembre publicado hoy por el INE, la tasa interanual del índice de precios habría caído seis décimas hasta quedarse en el 2,9%, frente al 3,5% en el que había cerrado el mes de octubre.

Este dato no es definitivo, sino un avance exigido por la regulación estadística europea, y la cifra final no se conocerá hasta el próximo 13 de diciembre.

Lo que hace particularmente relevante la tasa de IPC publicada hoy, es que según la Ley de Seguridad Social las pensiones del tramo contributivo del sistema público de protección social deben actualizarse en función de la cifra de inflación registrada en noviembre para evitar que pierdan poder adquisitivo.

Si se confirmara este dato del 2,9%, y siguiendo la estimación de la propia Secretaría de Estado Seguridad Social de que cada décima de desviación respecto del incremento del 1% fijado para las pensiones de este año en los Presupuestos tiene un coste aproximado de 200 millones de euros para las arcas públicas, la factura de la revalorización de las pensiones se elevaría a 3.800 millones de euros.

Desde que así lo acordara la Comisión del Pacto de Toledo en 1996, el Gobierno está obligado a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, de modo que nunca suban por debajo del IPC.

Esa desviación de 1,9 puntos entre la subida de las pensiones aprobada en 2012 (1%) y el dato de IPC registrado en noviembre (2,9%) es lo que la Ley de Seguridad Social obliga a compensar y lo que trae a mal traer al área económica del Gobierno.

Más que nada porque si el Gobierno se decide finalmente a revalorizar las pensiones, Hacienda deberá encajar en las ya castigadas cuentas de este año un millonario coste inesperado.

Según lo que establece la ley, el coste de esta factura extra se repartiría entre los presupuestos de este año y el del año próximo de forma prácticamente equitativa.

De este modo, la cuantía del déficit extra que debería absorber el presupuesto de este año sería de 1.900 millones de euros, en torno a dos décimas del PIB.

El Gobierno maneja varias opciones para asumir esta revalorización e incluso se plantea cambiar la regulación del Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones, para poder cargar este sobrecoste a la cuenta con los ahorros generados por el sistema en los últimos años.