El Gobierno se postuló para acoger la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) al poco de saberse que Santiago de Chile renunciaba a su condición de anfitrión a causa del turbulento clima social en la ciudad. Horas después la Presidencia chilena y el comité organizador se decantaban por la opción de Madrid como nueva sede de la conocida como 'Cumbre del Clima'. Ahora el Gobierno se encuentra con que dispone de un mes escaso para organizar un evento que movilizará a entre 20.000 y 25.000 asistentes y para abaratar vía patrocinios la factura de 60 millones de euros que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha estimado este martes que costará la organización de la cumbre.
El Gobierno recalca que hay ya todo un trabajo administrativo avanzado por la Presidencia chilena que reducirá en parte esa factura, aunque también asume que la parte del león de esos 60 millones de euros está por sufragar -ya que está estrechamente vinculada al 'efecto sede'- y exigirá de una aportación presupuestaria cuya cuantía dependerá en buena medida de la capacidad que demuestre el Gobierno y el resto de entidades organizadoras en estas semanas para captar patrocinios.
Ante este panorama, el Ejecutivo ha decidido poner toda la carne en el asador para conseguir patrocinadores y ha dispuesto por la vía de urgencia un esquema de deducciones fiscales de hasta el 90% de las cantidades aportadas para las empresas, organismos e instituciones que realicen actuaciones de mecenazgo con motivo de la celebración en Madrid de la Cumbre Climática bajo el reconocimiento, explicitado en el real decreto aprobado por el Gobierno para agilizar la organización del evento, de que "resulta esencial fomentar, en la mayor medida posible, la participación del sector privado".
Para habilitar este esquema de ayudas fiscales, Moncloa ha tenido que declarar la Cumbre del Clima como 'acontecimiento de excepcional interés público' -algo que hizo el pasado 8 de noviembre- como trámite previo imprescindible para abrir la puerta a que las empresas e instituciones patrocinadoras puedan acceder a este trato fiscal preferente, que les permite vía Ley de Mecenazgo obtener una importante ventaja fiscal por participar en la financiación de esta clase de eventos. El Gobierno confía en que este cauce sirva para reducir la aportación presupuestaria a este evento y ya ha dejado caer que ha observado mucho interés en los últimos días por participar en el mismo.
Por lo que pudiera ocurrir, Moncloa ha decidido poner todas las facilidades posibles y previendo que algunas empresas han podido llegar a estas fechas con sus presupuestos para patrocinios en los huesos o directamente agotados ha optado por la flexibilidad. De este modo, aunque la Cumbre del Clima tendrá lugar entre los días 2 y 13 de diciembre la norma aprobada por el Gobierno ha ampliado la duración de este programa de apoyo desde el 1 de noviembre de 2019 -día en que se hizo pública la designación de Madrid como sede de la cumbre- hasta el próximo 31 de marzo de 2020 para garantizar que ninguna empresa deje de patrocinar el evento sólo porque ya no disponga de fondos en la partida presupuestaria dispuesta al efecto.
Contratación de emergencia
La Cumbre del Clima arrancará el próximo 3 de diciembre, lo que implica que el Gobierno tiene poco más de tres semanas para resolver todas las cuestiones organizativas pendientes, un periodo difícilmente conciliable con los tiempos habituales de la contratación administrativa. El Ejecutivo admite que la situación le deja pocas alternativas, ya que el 'procedimiento de urgencia' tampoco es lo suficientemente ágil como para resolver todos los trámites pendientes en tiempo y forma.
Moncloa ha optado finalmente por declarar la 'Cumbre del Clima' como circunstancia que justifica la aplicación del llamado 'tramite de emergencia', en una decisión controvertida que podría acarrear alguna interferencia legal. La Ley de Contratos del Sector Público reserva este mecanismo para tres causas tasadas de forma bastante clara en la ley: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la seguridad nacional. Ninguna de esas tres premisas parecen cumplirse en este caso y tal vez por ello el Gobierno ha justificado en el Real Decreto de medidas el uso de este cauce "con carácter puntual y atendiendo a la excepcionalidad de la situación".
La 'contratación de emergencia' permite al poder adjudicador, en este caso la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que ha asumido la coordinación de todos los trabajos, no tener que convocar un concurso público con los plazos y las garantías legales que este implica para adjudicar las obras y servicios que sean necesarios, así como poder recurrir a la contratación directa de uno o varios proveedores para ejecutar de forma directa esas obras o servicios. El procedimiento ofrece un mayor margen a la arbitrariedad y es mucho menos garantista y precisamente por eso la ley lo reserva a supuestos muy tasados.
El Gobierno ha entendido que la organización por la vía rápida de toda una 'Cumbre del Clima' justifica ese procedimiento extraordinario y también otras medidas de excepción como habilitar a los ministerios de Hacienda y Función Pública para disponer con total libertad del personal público que sea necesario para atender las necesidades derivadas de la Cumbre, sin tener que seguir los complejos y lentos vericuetos del procedimiento administrativo.
Una cuestión de reputación...y de negocio
"No se trata de una competición por protagonismo", ha explicado la ministra de Transición Ecológica, en relación a la decisión del Gobierno de ofrecerse "a toda velocidad", según sus propias palabras, para acoger la 'Cumbre del Clima' una vez se supo que Santiago de Chile renunciaba de forma definitiva a su condición de anfitrión. "Se trataba de garantizar que la COP25 fuera una realidad porque su celebración es fundamental".
El Ejecutivo entiende que esta cumbre es particularmente relevante desde el punto de vista estratégico "ya que debe servir para facilitar que en el año 2020 todos los países presenten sus estrategias a larzo plazo para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en el año 2050, y nuevos compromisos nacionales de reducciones de emisiones para el año 2030", además de cerrar el reglamento de desarrollo del Acuerdo de París de 2015 contra el calentamiento global, que es el que guía en la actualidad las medidas a nivel internacional para encauzar el problema.
"El aplazamiento o suspensión de la COP25", argumenta el Gobierno, "provocaría importantes efectos negativos sobre el desarrollo del marco político y jurídico internacional dirigido a la lucha contra la emergencia climática", un concepto éste último que a nadie se le escapa que forma parte del núcleo duro ideológico del Gobierno de Pedro Sánchez.
Más allá del mayor o menor interés ideológico en el asunto, Ribera reveló este martes que la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima generará un retorno para la ciudad y para el país en el entorno de los 100 millones de euros, según los cálculos de Turespaña.
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