La Iglesia Católica pagará el impuesto para hacer obras y las contribuciones especiales

La Iglesia Católica y el Ministerio de Presidencia han alcanzado un acuerdo por el que la Santa Sede renuncia a las exenciones sobre las Contribuciones Especiales y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) incluidas dentro del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. Lo que se hará efectivo a partir de hoy, tras el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica. El titular de Presidencia, Felix Bolaños, ha estimado en más de 16 millones de euros al año la cantidad que ingresarán desde hoy los ayuntamientos.  "Se han terminado los privilegios fiscales de la Iglesia", ha destacado el ministro. 

Preguntado por el IBI, Bolaños ha destacado que "la situación de la Iglesia Católica es equiparable a la de cualquier organización sin ánimo de lucro" y mostrado "muy satisfecho" por el acuerdo alcanzado tras el concluido alrededor de los bienes inamtriculados "que han sido regresados a sus legítimos dueños", ha apuntado el ministro.   

En concreto, el Gobierno va a proceder a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda que regulaba hasta ahora estas exenciones. En  el caso de las Contribuciones Especiales afecta a las obras y reformas en edificios e inmuebles singulares que se encuentren fuera del entorno urbano. Por ejemplo, si se quieren realizar obras de mejora en un monasterio o un centro de culto fuera situado en el campo.  

Respecto al ICIO, el impuesto que se paga cuando se realiza algún tipo de reforma u obra en el hogar que requiera licencia, la Iglesia Católica dejará de estar exenta (quedan ya solo las administraciones públicas) y lo abonará para el caso de centros de culto u otros bienes inmuebles. El tipo de este gravamen, tal y como pasa con cualquier particular, no puede exceder del 4% del presupuesto firmado y aceptado por el ayuntamiento. 

Desde el Ejecutivo han destacado que "el acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación".