Sindicatos, Gobierno, partidos y empresarios discrepan convocatoria huelga

  • Madrid.- El secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez y el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, defendieron hoy la convocatoria de la huelga general, que calificaron de "necesaria" y "justificada" ante la reforma laboral aprobada por el Gobierno.

Sindicatos, Gobierno, partidos y empresarios discrepan convocatoria huelga
Sindicatos, Gobierno, partidos y empresarios discrepan convocatoria huelga

Madrid.- El secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez y el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, defendieron hoy la convocatoria de la huelga general, que calificaron de "necesaria" y "justificada" ante la reforma laboral aprobada por el Gobierno.

En un debate en el programa "59 segundos" de TVE el Gobierno, empresarios, PP y CiU respondieron con distintas razones para discrepar de la convocatoria, que es según el secretario de Estado de Seguridad Social y secretario federal de Economía y Empleo del PSOE, Octavio Granado, una "mala noticia para la economía española".

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, calificó la huelga de "política" y CiU mostró su "respeto" por la convocatoria sindical.

Cándido Méndez, secretario general de UGT, considera que "la huelga la ha provocado el Gobierno y la hemos convocado las organizaciones sindicales porque queremos corregir el mal camino que está marcando el Gobierno en su política de contrarreforma laboral, que no va a resolver el problema del paro".

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC.OO, opinó que la huelga "está justificada y es absolutamente necesaria" porque "estamos ante la reforma si acaso más lesiva de toda la historia de la Democracia de este país, la que está llamada a recortar más los derechos de los trabajadores".

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó la reforma laboral como "el mayor ataque que se ha hecho contra la clase trabajadora, contra los derechos conquistados, sociales y laborales, en la historia de la Democracia". "Es una huelga en legítima defensa de los trabajadores y trabajadoras", añadió.

Octavio Granado (PSOE), afirmó que la huelga general es "una mala noticia para la economía española", ya que el clima de entendimiento y de diálogo social es muy positivo para la salida de la crisis y la recuperación económica.

La reforma se hizo, según Granado, al comprobar que "después de año y medio, el acuerdo era imposible".

Alicia Sánchez Camacho, ponente de la reforma laboral en el Senado por parte del PP, calificó de "error" la política laboral y económica del Ejecutivo, pero añadió que no cree que sea el momento de una huelga general. Argumentó que la reforma laboral aprobada iba a facilitar más el despido y no iba a crear empleo.

Carles Campuzano, de CiU, aseguró que su partido "respeta la decisión que han tomado los sindicatos" y reclamó el cumplimiento de la ley respetando los servicios mínimos. En su opinión lo más importante es "cerrar página y ser capaces, con consenso, de abordar algunas de las grandes reformas que son necesarias para superar la crisis".

Uno de los aspectos debatidos tras las primeras exposiciones sobre la convocatoria de huelga general y la reforma laboral fue la reforma del sistema de pensiones que los sindicatos reclamaron que fuera "consensuada" como las negociadas durante los últimos 15 años.

Cayo Lara la calificó de injusta e innecesaria y consideró que va encaminada a potenciar los planes de pensiones privados, mientras que Alicia Sánchez Camacho (PP) se mostró "absolutamente de acuerdo" en que debe hacerse una reflexión sobre el sistema de pensiones, pero se tiene que hacer "bien" y de forma consensuada.

Díaz Ferrán (CEOE) y Terciado (Cepyme) defendieron la necesidad de emprender reformas en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad futura.

Carles Campuzano (CiU), por su parte, recordó que se llevan acometiendo reformas en el sistema desde hace 15 años y pidió alcanzar otro acuerdo político y social que sirva para fortalecer el sistema de pensiones.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que "tiene que haber acuerdo parlamentario en la comisión del Pacto de Toledo que después tiene que discutirse con los sindicatos, los empresarios y con los interlocutores sociales, porque así es como desde el año 1995 hacemos en España las reformas de Seguridad Social".

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