Un directivo de Telefónica asegura haber escuchado a su presidente, César Alierta, decir que si Portugal Telecom seguía poniéndole problemas con Vivo se compraba toda la operadora lusa y la ponía a depender de Extremadura.
Cierta o falsa, esta frase puede convertirse en realidad, al menos, desde un punto de vista púramente numérico, ya que la capitalización bursátil de Portugal Telecom es prácticamente idéntica a los 7.150 millones que ha ofrecido Telefónica por el 50% de Brasilcel, la dueña de Vivo.
La caída del 1,4% que sufrieron ayer los títulos de Portugal Telecom, después de que el Estado luso utilizara su acción de oro para vetar la oferta de Telefónica por Brasilcel, ha puesto a tiro la posibilidad de comprar a la operadora portuguesa.
Su valor en bolsa apenas alcanza los 7.333 millones de euros, prácticamente la misma cifra que la compañía española ha puesto sobre la mesa.
La primera oferta de Telefónica por la operadora brasileña, presentada el pasado 11 de mayo, ascendía a 5.700 millones de euros. Tres semanas después, la empresa española elevó su propuesta un 14%, hasta 6.500 millones de euros, y el martes por la noche terminó de poner toda la carne en el asador, con una propuesta de 7.150 millones de euros.
La Asamblea General de Portugal Telecom dio luz verde a la venta de Brasilcel, con el 74% de los votos a favor, pero el Estado luso ha hecho caso omiso a los inversores y ha ejercicido un polémico veto que atenta contra todos los principios del libremercado que tanto defiende la Unión Europea.
De hecho, el Tribunal Europeo de Justicia filtró hace pocas semanas que prevé eliminar el próximo 8 de julio los privilegios que tiene el Estado portugués sobre la operadora de bandera del país.
Un momento que Telefónica espera como agua de mayo para volver al ataque. En esta ocasión, con la posibilidad de elegir entre adquirir sólo la filial brasileña o hacerse con toda la operadora. Sobre todo, si el mercado penaliza más los títulos de Potugal Telecom por la inseguridad que confiere ver cómo un Estado se salta las normas comunitarias y veta una operación entre empresas privadas.
Desde la compañía presidida por César Alierta declinan hacer elucubraciones y prefieren esperar a ver cómo una evolucionan los acontecimientos, especialmente, las presiones de Bruselas al Gobierno portugués, que desde diciembre del año pasado tiene un expediente sancionador por la acción de oro en Portugal Telecom. Por el momento, la Comisión Europea ya ha salido a la palestra para tachar de ilegal la acción del Gobierno luso.
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