El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para gravar el patrimonio neto de las personas físicas con una cuantía superior a los 3 millones de euros. El Constitucional rechaza así el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.
Según fuentes de la corte de garantías a Europa Press, la mayoría progresista del Pleno ha aprobado por 7 votos contra 4 la ponencia redactada por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer. La ponencia sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
El recurso de Díaz Ayuso
El Ejecutivo de Díaz Ayuso defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. El Constitucional ha desestimado los argumentos de Madrid al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones alegadas.
A la espera de los recursos de Andalucía, Galicia y Murcia
Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.
La decisión adoptada este miércoles por el TC tiene lugar 10 meses después de que el Senado aprobase el impuesto. La medida fue incluida vía enmienda en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y banca.
La medida fue incluida vía enmienda en el Congreso por PSOE y Podemos en la proposición de ley para introducir gravámenes a energéticas y banca
La iniciativa contó con el respaldo de 139 senadores, 107 votos en contra y 12 abstenciones. El impuesto avalado por el Constitucional es del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
"Es una decisión importante"
"Es una decisión importante que adoptó el Gobierno en aras a lo que creemos es una fiscalidad que ha de ser justa", ha destacado la portavoz del Ejecutivo en funciones y ministra de política territorial, Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y recoge Europa Press.
La voluntad del Gobierno con esta medida, según Rodríguez, es poder tener un país más cohesionado socialmente, lo que precisa de una política fiscal justa. "Es en lo que hemos trabajado durante estos años y desearíamos seguir trabajando en los próximos en los próximos años", ha asegurado.
