Esas incautaciones son resultado de una decisión del Tribunal de Arbitraje de La Haya, que obligó en 2014 a Moscú a pagar una indemnización de 50.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) a los exaccionistas de la compañía petrolera.
La corte consideró entonces que las autoridades rusas habían organizado el desmantelamiento del exnúmero uno del petróleo en Rusia por motivos políticos, a principios de los años 2000.
La petrolera, dirigida entonces por el opositor Mijaíl Jodorkovski, fue troceada y vendida en su mayoría a la compañía pública petrolera rusa Rosneft, por entonces una compañía pequeña para el sector, que se ha convertido en el principal productor mundial entre las empresas que cotizan en bolsa.
Rusia siempre se negó a acatar la sentencia de La Haya, y los exaccionistas de Yukos pidieron a la justicia que se incautara de bienes rusos en Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, para conseguir una indemnización.
Moscú pidió una suspensión de los embargos en Francia, a la espera de que el tribunal de apelación de París decidiera si la sentencia de La Haya debía ser aplicada o no.
Pero dicha corte se negó este jueves a suspender los embargos antes de tomar una decisión entre finales de 2016 y principios de 2017.
La justicia francesa se ha incautado de varios bienes rusos desde el 2 de junio: edificios situados en su mayoría en París, la participación rusa en el canal de noticias Euronews, cuentas bancarias, etc.
Esos embargos tensaron aún más las relaciones entre Rusia y sus socios, y el Parlamento ruso respondió el 23 de octubre con la adopción de una ley que le permite incautarse de bienes extranjeros en su territorio.
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