TS avala el rechazo de la Junta a dar derechos mineros de Riotinto a Mantesur

  • El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que avala la decisión adoptada por la Junta de Andalucía de denegar el otorgamiento de los derechos mineros de Riotinto (Huelva) a la empresa Mantesur en 2004.

Huelva, 3 jun.- El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que avala la decisión adoptada por la Junta de Andalucía de denegar el otorgamiento de los derechos mineros de Riotinto (Huelva) a la empresa Mantesur en 2004.

Fuentes jurídicas han indicado hoy a Efe que en la sentencia, adelantada por el diario Huelva Información, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa Mantesur Andévalo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que fallaba a favor de la Junta de Andalucía considerando correcta su actuación.

El Supremo considera que la decisión de la administración autonómica de hacerse con el control administrativo de los derechos mineros por la falta de acreditación de solvencia técnica y económica de la empresa está "justificada no ya por la cualidad demanial (dominio público) de los recursos, sino por el interés general que preside el ejercicio de esa concreta actividad económica".

Hace constar que la compañía no presentó un proyecto que incluyese el programa de trabajos, el presupuesto de las inversiones y el estudio económico de su financiación "con garantías", hecho que redunda en la correcta actuación de la Consejería de Economía.

Entiende el Supremo que, independientemente de la cuestión relativa a la propiedad del subsuelo de las minas, sobre la que no se pronuncia, el "innegable interés público que late en la regulación minera justifica suficientemente la intervención administrativa en los términos exigidos por el acto administrativo objeto de recurso".

La demanda que ha dado lugar a todo este proceso la interpuso Mantesur en 2004, cuando tras hacerse con las propiedades de la mina solicitó a la Junta la autorización de la transmisión de las concesiones administrativas mineras que afectaban a un total de doce fincas registrales.

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