Las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo al filo de la madrugada del viernes para regular la Inteligencia Artificial (IA), lo que convierte a la Unión Europea en el primer órgano legislador del mundo en articular una norma sobre esta tecnología que evoluciona prácticamente en tiempo real. La norma entrará previsiblemente en vigor en 2026, aunque se aplicará por fases, y aspira a convertirse en la referencia jurídica mundial para esta tecnología al establecer riesgos, aplicar transparencia y marcar multas a las grandes tecnológicas en caso de incumplimiento.
La Ley Europea de IA pretende garantizar que los avances exponenciales de la tecnología vayan acompañados de seguimiento y supervisión, y que se prohíban sus usos de mayor riesgo. Las compañías que quieran operar en el mercado único deberán revelar sus datos a las autoridades y realizar pruebas rigurosas, sobre todo para aplicaciones de "alto riesgo" en productos como coches autónomos y equipos médicos. "El trabajo que hemos logrado hoy es una inspiración para todos aquellos que buscan modelos", afirmó. "Hemos conseguido un equilibrio entre protección e innovación", aseguraba Dragos Tudorache, legislador rumano que codirige las negociaciones de la Ley.
Por su parte, Carme Artigas, Secretaria de Estado española de Digitalización e Inteligencia Artificial, declaró en rueda de prensa posterior al acuerdo que el proceso había sido a veces doloroso y estresante -el acuerdo llegó tras 36 horas seguidas de negociaciones y aún lo tendrán que ratificar el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE-, pero que el hito alcanzado merecía la pena por la falta de sueño.
Vigilancia en tiempo real
Uno de los puntos más sensibles de las negociaciones ha sido el uso que las fuerzas del orden podrán hacer de las cámaras de identificación biométrica en espacios públicos para garantizar la seguridad nacional.
Las cámaras se podrán utilizar con previa autorización judicial para prevenir una amenaza terrorista "genuina y previsible" o "genuina y presente", es decir, que se esté produciendo en ese momento.
También se podrán emplear para localizar o identificar a una persona que haya cometido delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual o, por ejemplo un crimen medioambiental y para buscar a las víctimas de estos delitos.
Durante las negociaciones, los gobiernos han presionado para ampliar la lista de delitos, mientras que la Eurocámara ha intentado limitarla lo máximo posible y obtener fuertes salvaguardas para los derechos fundamentales.
Prohibiciones
La norma, además, prohíbe todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por su raza y orientación sexual.
Tampoco se podrán utilizar los sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento o características personales ni la inteligencia artificial capaz de manipular el comportamiento humano.
También estarán prohibidos los sistemas para expandir o crear bases de datos faciales captando datos de manera indiscriminada a través de internet o de grabaciones audiovisuales. Además, en los centros de trabajo o las escuelas también estarán prohibidos los sistemas de inteligencia artificial que pueden reconocer las emociones.
IA generativa
El otro gran asunto que ha centrado las negociaciones es la regulación de los sistemas de inteligencia artificial generativa, en los que se basan modelos como ChatGPT, de la empresa OpenAI o Bard, de Google.
Tendrán que cumplir criterios de transparencia, como especificar si un texto, una canción o una fotografía se han generado a través de la inteligencia artificial y garantizar que los datos que se han empleado para entrenar a los sistemas respetan los derechos de autor.
Inicialmente, la ley no estaba pensada para regular este tipo de sistemas, porque aún no se habían popularizado cuando Bruselas propuso la ley en abril de 2021, pero las instituciones comunitarias han visto la necesidad de legislarlos desde el estallido de ChatGPT el año pasado.
El reglamento no prohíbe su uso, pero sí ha establecido una serie de criterios para detectar los modelos que pueden generar un alto riesgo en función del contexto en el que se usen y obliga a sus desarrolladores a cumplir unas salvaguardas más estrictas antes de sacarlos al mercado.
El reglamento permite o prohíbe el uso de la inteligencia artificial en función del riesgo que genera para las personas e identifica sistemas de alto riesgo que solo se podrán utilizar si se demuestra que respetan los derechos fundamentales.
Por ejemplo, los que se puedan utilizar para influir en el resultado de unas elecciones, los que empleen las entidades financieras para evaluar la solvencia y establecer la calificación crediticia.
La norma prevé la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que coordinará el uso de la tecnología entre las autoridades nacionales y que estará asesorada por un panel de científicos y de organizaciones de la sociedad civil.
Está previsto que la ley entre en vigor en 2026, pero se aplicará por fases: la oficina europea se creará de forma inmediata, la prohibición de los sistemas prohibidos de inteligencia artificial llegará a los seis meses y los requisitos para los sistemas y modelos de IA generativa, a los 12.
El reglamento prevé multas con un rango que va desde los 35 millones de euros o el 7% del volumen global de negocio de las empresas, hasta los 7,5 millones de euros o el 1,5% del volumen global de negocio.
