Ugt acusa al gobierno de dar instrucciones "predemocráticas" a la fiscalía contra el derecho de huelga

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, denunció este viernes que el Gobierno ha dado instrucciones a la Fiscalía para acometer un cambio de criterio y acusar de forma "desproporcionada" a representantes sindicales que participaron en los piquetes de la huelga general del 29 de marzo de 2012.
En rueda de prensa para denunciar las acusaciones de la Fiscalía sobre dos sindicalistas de la Federación de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT-Madrid, Méndez aseveró que la actuación de la Fiscalía es "desproporcionada y predemocrática", ya que "no tiene en cuenta el marco constitucional" que recoge el derecho a huelga.
En este sentido, subrayó que el fiscal general del Estado tiene una "relación directa con el Gobierno", por lo que sostiene que su actuación se basa en los criterios que el Ejecutivo "le haya trasladado para que adopte esta línea de comportamiento".
De esta forma, Méndez mostró su preocupación por que el Gobierno esté "aprovehcando la crisis" no sólo para introducir los recortes en materia económica, "sino para ir más allá". "Creemos que hay un hilo conductor" en la actuación de la Fiscalía, "que depende del Gobierno", subrayó.
Para el líder de UGT, la situación de estos trabajadores, que en el conjunto de España asciende a unos 40 sindicalistas que están en un conflicto similar, "afecta a toda la organización y al conjunto del movimiento sindical y de los trabajadores", ya que los acusados son el "exponente del ejercicio de un derechos fundamental, que es el de la huelga". Insistió en que la petición de la Fiscalía es "un claro menoscabo del ejercicio del derecho fundamental a la huelga".
Ante esta situación, Méndez anunció que el sindicato se va a dirigir, de forma conjunta con CCOO, a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y apuntó que están estudiando la convocatoria de algún acto público para denunciar esta situación.
Por su parte, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, insistió en que la Fiscalía acusa a los sindicalistas de "presuntos delitos que no han cometido" con un "cambio de criterio" que no había sucedido "nunca" y con una "evidente desproporción".
En su opinión, esta acusación no está relacionada con la huelga general de marzo de 2012, sino que tiene el objetivo de "desprestigiar las movilizaciones, amedrentar a los trabajadores y atentar contra el derecho a huelga".