Un grupo de sabios plantea blindar a los altos funcionarios frente a ceses arbitrarios

"Fue un calentón". Entre las distintas explicaciones que se manejan en los mentideros de la Agencia Tributaria sobre el polémico cese de la ya ex alto cargo de la Delegación de Grandes Contribuyentes, Dolores Linares, una de las que cuentan con más adeptos es la de una posible sobrerreacción de los superiores de la inspectora tras conocer que no se habían seguido sus instrucciones.

Llevados por la indignacion habrían exigido el cese fulminante de la profesional sin ni siquiera escuchar las explicaciones de la afectada.

Situaciones como ésta podrían pasar a ser parte el pasado de prosperar la propuesta de regulación del personal directivo de las Administraciones Públicas planteada por el Comité de Expertos constituído por el Ministerio de Hacienda para estudiar la cuestión.

Lo que propone el Comité, formado por responsables de Función Pública de los tres niveles de la administración pública española (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), es la creación de un modelo de personal directivo profesional al estilo de los prestigiosos cuerpos de elite existentes en la Administración Pública Francesa.

En este cuerpo se incluirían los altos funcionarios situados en puestos con responsabilidad decisoria (subdirectores y asimilados) y tendría un estatuto específico con una serie de condiciones diferentes al resto de empleados públicos.

Uno de los objetivos sería restringir la arbitrariedad que permite el actual sistema de libre designacion tanto en el acceso a esos cargos como en su salida.

A día de hoy esos puestos de responsabilidad están cubiertos por altos funcionarios designados por proceso de libre designación que del mismo modo que son nombrados puede ser cesados sin ningún tipo de restricción.

La propuesta del Comité de Expertos es, por una parte, incrementar los requisitos de entrada a esos cargos de responsabilidad.

Se establecería un sistema de selección más profesionalizado e independiente, de modo que un comité técnico designaría a los posibles candidatos al puesto en función del cumplimiento de una serie de requisitos y de criterios de mérito y capacidad. Luego, el responsable del departamento podría escoger entre los nombres propuestos por el Comité.

El nombramiento sería por un periodo determinado, durante el cual el alto funcionario no podría ser cesado salvo incumplimiento manifiesto de los objetivos del puesto que ocupe, evaluación negativa de sus superiores según un esquema de criterios objetivos o procesamiento por irregularidades administrativas o penales.

Se evitaría, de este modo, tanto la arbitrariedad en los nombramientos como esos ceses por incompatibilidad de caracteres o calentones que han convertido muchas veces los puestos de libre designación en una especie de puerta giratoria de entrada y salida de funcionarios.

Algo similar es lo que ha pedido esta misma semana la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado a cuenta de la polémica desatada por el cese de la inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes.

El colectivo ponía de manifiesto la excesiva dependencia de la Agencia Tributaria y de los inspectores de Hacienda de los puestos de libre designación y demandaban un mayor peso de la designación por concurso público para garantizar una mayor estabilidad e independencia en puestos que son clave para el correcto funcionamiento del organismo.