La Paz, 31 jul.- Una persona falleció durante un operativo policial para desalojar a centenares de manifestantes que ocuparon una planta de gas natural operada por la empresa brasileña Petrobras en el oriente de Bolivia, informó hoy el Gobierno.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aseguró hoy en una rueda de prensa que los policías que intervinieron en la planta de gas no tuvieron responsabilidad en la muerte ocurrida anoche, mientras que los familiares de la víctima sostienen lo contrario.
Los ocupantes cerraron las válvulas del campo Caranda, 100 kilómetros al noroeste de la ciudad oriental de Santa Cruz, causando pérdidas diarias por 130.000 dólares por el cese de la producción de 200 barriles de petróleo y 13 millones de pies cúbicos de gas.
Una comisión de fiscales y policías intentó dialogar con los manifestantes ayer en la tarde, pero como la negociación no tuvo éxito, los agentes intervinieron el campo horas después.
La víctima es Ambrosio González Rojas, de 49 años, que murió desangrado cuando era trasladado a un hospital tras ser herido en una pierna en un incidente confuso durante el desalojo, en el que la policía asegura que solo disparó granadas de gas lacrimógeno.
Pérez afirmó que González fue impactado por una "bolilla de vidrio", similar a una canica, disparada con un arma casera con la que cazan los campesinos del lugar.
Lorenzo González, hijo del fallecido, dijo a los medios que los agentes "gasificaron y dispararon contra la humanidad de los manifestantes" y que uno de los proyectiles alcanzó a su padre.
"El Gobierno debe responder por la muerte de mi padre, porque la movilización era pacífica, no había la necesidad de que los policías usen sus armas", dijo Lorenzo González al diario La Razón.
Los campesinos del pueblo de Buenavista ocuparon la planta el domingo para reclamar a las autoridades proyectos de electrificación y construcción de puentes y caminos, en medio de un conflicto entre militantes del partido gobernante por el control de la alcaldía.
En Bolivia, la ocupación de plantas y campos de gas y petróleo, así como de minas, es una forma de protesta habitual por parte de campesinos e indígenas para reclamar obras de desarrollo o el cambio de autoridades.
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