Uruguay confía en que española Abengoa terminará proyectos pese a crisis financiera

El presidente Tabaré Vázquez se reunió con el director de la firma, Brandon Kaufman, en la sede de gobierno para hablar sobre la situación financiera de la compañía, al borde de la suspensión de pagos en España y que despedirá a 3.000 empleados en Brasil.

"El poder ejecutivo ratifica su plena y absoluta confianza en esta empresa, en su solvencia para seguir adelante con todos los emprendimientos que tiene hoy firmados con el gobierno y los que están en curso de ser firmados", dijo a la prensa el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, tras la reunión.

Teyma, cuyo fuerte es el desarrollo de sistemas de energías renovables, construye proyectos en Uruguay por unos 290 millones de dólares, entre ellos su segundo parque eólico Talas del Maciel II, la terminal portuaria de Capurro, el polideportivo Antel Arena, una cárcel de 50.000 m2 en Punta de Rieles, entre otros.

La compañía, que en julio celebró sus 35 años operando en Uruguay y es el mayor contratista del Estado, ha recibido líneas de crédito de firmas uruguayas y del estatal Banco República, por lo que Toma hizo énfasis en enviar un mensaje positivo sobre la situación de Teyma.

Esta "confianza plena del poder ejecutivo será transmitida a todos los operadores bancarios de la banca oficial", así como otros sectores, indicó el secretario de la Presidencia.

"Son muchísimos años de buen cumplimiento de ejecución de los contratos que ha celebrado con el Estado (uruguayo), y de ahí esta respuesta del poder ejecutivo", subrayó Toma.

Abengoa ya suprimió 2.000 empleos en Brasil y despedirá a otros 3.000 debido a la grave crisis financiera que padece, anunció este miércoles el sindicato Sintepav del estado nordestino de Bahia.

La semana pasada el futuro del grupo español quedó envuelto en la incertidumbre luego de que la compañía de componentes Gestamp diera marcha atrás con su intención de aportar 350 millones de euros al grupo sevillano a cambio de un 28% de su capital.

Poco después el gobierno español rechazó la idea de hacer un rescate público del grupo, que tiene 28.700 empleados -más de 13.000 en Latinoamérica- y arrastra una deuda de 6.280 millones de euros.

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