La banca se enfrenta a un nuevo paradigma en el proceso de evaluación de los riesgos y de la hucha a acumular en provisiones para cubrir impagos. Si hasta ahora regía la práctica de detectar y catalogar la exposición morosa -en créditos, adjudicados y refinanciaciones- para hacer el colchón con el que encarar las “pérdidas incurridas”, a partir del 1 de enero de 2018 las entidades deberán construir dicha red de protección conforme a un criterio de “pérdida estimada”.
La contabilidad de la industria se alineará así con las reglas internacionales recogidas en la norma IFRS 9 que regirán para entonces en toda Europa. Sin embargo, el Banco de España incentivará una anticipación en el ejercicio exigiendo a las entidades estimar cómo les afecta el cambio de metodología también sobre los balances de este mismo año.
La circular, puesta a consulta del sector hasta el próximo día 24 con la que incorpora las normas internacionales, fija de forma clara que las nuevas reglas entran en vigor en el arranque del próximo ejercicio, aunque las entidades deberán incluir “una información comparativa de 2017” desde los primeros estados contables presentados bajo el nuevo régimen -correspondientes al 31 de enero de 2018-, un ejercicio susceptible de animar en sí mismo acelerar el paso.
Con este juego de calendarios y evaluación se abre la posibilidad a las entidades a cargar cualquier ajuste adicional de saneamientos contra reservas de 2017 -de manera excepcional porque estas partidas van de forma habitual contra resultados- y echar a andar en el nuevo año con deberes hechos. El supervisor permitirá periodificar el esfuerzo en cinco años, explicaron fuentes financieras, aunque la convicción entre las entidades es que el mercado no ofrecerá tal tregua. En términos generales, en la industria se minimiza el impacto. Fuentes financieras limitan a alrededor del 0,5 por ciento la dentellada que el potencial déficit de provisiones dará en los ratios de solvencia sectoriales, sin menoscabo de que sí pueda meter en apuros a alguna entidad individual.
El nuevo régimen trastoca por completo la práctica tradicional. Se pasa de acopiar dotaciones para hacer frente a potenciales pérdidas en operaciones donde el cliente ha dejado de abonar las cuotas de amortización para devolver la deuda o hay un riesgo muy elevado y evidente de que falle en sus compromisos, a realizar estimaciones de pérdidas futuribles basadas en la experiencia de la entidad, información fundamentada o proyecciones sobre las condiciones económicas futuras. Es decir, cabe un elemento de juicio subjetivo relevante.Metodologías internas
Serán las propias entidades las que estimarán dichas eventualidades con sus metodologías internas, estadísticas históricas y experiencia, frente a las pautas y calendarios generales vigentes en la actual metodología; y previa autorización de sus herramientas por parte de los supervisores. El regulador establece, en todo caso, alternativas generales de medición para entidades con una capacidad más limitada para efectuar dichas predicciones. Sin embargo, la adaptación acarreará un esfuerzo informático, además del proceso de validación por parte del supervisor, que hace presumir que serán pocas las entidades que arranquen con su propio traje a medida.
Para facilitar la conversión y ayudar a las entidades a adaptarse al viraje que se avecinaba en 2018, el Banco de España elaboró hace un año una circular que imponía obligaciones a medio camino entre el viejo y nuevo esquema, algo que no ha ahorrado a las entidades el esfuerzo de retasación de su gruesa cartera inmobiliaria en las que se encuentran ahora embarcadas para aplicar el futuro sistema.
Sí, introdujo, sin embargo, incentivos para que desagüen con rapidez los inmuebles, penalizando la venta tardía de los mismos bajo la tesis de que los pisos incrustados en los balances cuestan dinero -gastos de gestión, administración, impuestos, etc-. La tentación de no vender a pérdidas o para evitar reconocer quebrantos al enajenar los inmuebles a precios inferiores a los contabilizados hace que en sus balances escondan aún casi 84.000 millones de euros en estos activos, un cartera muy similar a la estimada en 2012. En el camino el sector ha empeñado, sin embargo, 300.000 millones en saneamientos y en refuerzo de los balances.
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