El juez imputa a un socio de Grant Thornton por avalar los activos de Urbas

Las conclusiones del informe sobre la ampliación de capital de la promotora “son completamente irracionales y opuestas a la verdad”, según Andreu. 

El instructor investiga delitos de estafa, contra el mercado y los consumidores, y administración desleal. 

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El juez imputa a un socio de Grant Thornton por avalar los activos de Urbas

Alfredo González de Olmo, socio de la auditora Grant Thornton, dio el visto bueno a la ampliación de capital de Urbas que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Pero según el instructor, las conclusiones de su informe “son completamente irracionales y opuestas a la verdad”. Así lo explica el instructor en el auto por el que admite a trámite la querella de Anticorrupción contra él y el resto de  directivos de la promotora por los presuntos delitos de estafa, delito contra el mercado y los consumidores y administración desleal.

La ampliación de capital de Urbas, aprobada el 10 de julio de 2015, y valorada en 384,4 millones de euros, se llevó a cabo mediante la aportación del 100% de la compañía Aldira Inversiones Inmobiliarias SL. Días antes de que se completara la operación, el 26 de mayo, González Olmo, socio de Grant Thornton, firmó un informe para cumplir con la exigencia de que un experto independiente valorara esos activos, exigencia recogida en la Ley de Sociedades de Capital."Criterios de valoración utilizados" 

El informe de Grant Thornton, firmado por González Olmo, mantenía que “los criterios de valoración utilizados por la dirección de Urbas para determinar el valor de las participaciones de Aldira son razonables”. Después añadía: “Los valores a los que estos conducen se corresponden de manera razonable con el valor nominal más la prima de emisión a emitir por Urbas como contrapartida en el aumento de capital”.

Sin embargo, según Anticorrupción y el juez Andreu, tanto la valoración inicial de esos activos que hizo el consejo de administración de Urbas como las conclusiones del informe de la auditora, “son completamente irracionales y opuestas a la verdad y tuvieron como única finalidad justificar la ampliación de capital con pleno conocimiento del engaño que incluían”.

Esa ampliación de capital, según el magistrado, generaba “un evidente perjuicio a todos los socios [de Urbas] que no tuvieran participación en Aldira al diluir enormemente la participación de estos en Urbas. Y todo ello “en beneficio de los que sí tenían participación en Aldira, entre los que, casualmente, estaban los principales integrantes del consejo de Urbas”, mantiene el instructor.

Además del socio de la auditora, entre los imputados está el presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, y los consejeros y directivos Juan Antonio Acedo, José Antonio Bartolomé, José Humberto Ávila, Julia María Moreno, Álvaro García-Sampedro, Iván Arias Guijarro, Luis Ramos Atienza, José Manuel Arrojo y Tomás Alarcón.

El fraude de los directivos se ha probado mediante un informe de la Organización Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y otro de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que han demostrado cómo el aumento de capital se infló con la única finalidad de lucrar a los directivos de la compañía.

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