El tabaco ‘low cost’ araña cuota de mercado tras el último alza de impuestos

El sector de tabaco en España es un puzle de impuestos y estrategias comerciales. Casi el 80% del precio de una cajetilla de tabaco va a parar a Hacienda, así que cualquier movimiento impositivo supone un cambio que agita las dinámicas del mercado. El último se llevó a cabo el pasado mes de diciembre, cuando el Ejecutivo subió los impuestos especiales, que gravan tanto el tabaco como el alcohol, con el objetivo de elevar la recaudación en más de 4.600 millones de euros.

En concreto, en cuanto al tabaco, incrementó en un 2,5% el impuesto específico que recae sobre los cigarrillos. En el conjunto de 2016, la Agencia Tributaria ingresó 6.677 millones de euros con las labores del tabaco, un 3,6% más que en el año anterior. A esa cifra, sumó cerca de 2.000 millones a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los cigarrillos.

El alza no está teniendo todos los efectos esperados. En lo que va de año, esa recaudación se está resintiendo en un 0,44% y, de rebote, las marcas de cigarrillos más baratas, aquellas que se comercializan por debajo de 4,10 euros, están ganando terreno, según indican fuentes del sector del tabaco. Si el pasado año, esas cajetillas ‘low cost’ tenían una cuota de mercado de sólo el 1,1%, esta se ha incrementado en lo que va de año hasta el 2%, un porcentaje pequeño pero que indica un cambio de tendencia.

En ese nivel de precios no están las principales enseñas de tabaco, las que producen las grandes tabacaleras, sino marcas con menos renombre, que tienen como principal gancho comercial, precisamente, su coste. Entre ellas, según figuran en el listado que figuran en el Comisionado para el Mercado de Tabacos, están marcas como Fraternite, Global o Ibiza Essence, por ejemplo.¿Más impuestos?

Que las marcas más baratas ganen terreno, puede ser el detonante de una próxima subida de impuestos. Sobre el sector sobrevuela una nueva subida a la vuelta del verano o el próximo año, dependiendo de las necesidades presupuestarias.

El problema, indican desde el sector, es que si suben de precios las marcas de tabaco más baratas, sus fumadores podrían optar por dejar el tabaco legal y pasarse al contrabando, como pasó en la reciente crisis. Hace sólo tres años, esos cigarrillos al margen del sistema (no sólo tributario, también sanitario) llegaron a suponer más de 12% del consumo total y, actualmente, rondan el 10%.

Para el sector, más que la subida en sí, el “reto” es que el regulador haga un buen balance a la hora de actualizar el impuesto, porque estas marcas son la puerta de entrada de los nuevos fumadores y si la subida de impuestos “es radical” puede derivar el consumo hacia el mercado ilícito”.

Mientras esas marcas más baratas rondan los cuatro euros por cajetilla, las más caras, como Marlboro, superan los cinco euros. De hecho, la última subida de precios de la enseña de Philip Morris, hasta 5,05 euros ha golpeado los resultados de la tabacalera estadounidense en España.

Los impuestos sobre el tabaco son un rompecabezas y, dependiendo de la categoría, cuentan con más o menos gravámenes. Todos los cigarrillos soportan, siempre, dos tipos de impuestos. Por un lado, el tipo ad valorem, que equivale al 51% del precio de venta. Por otro, el específico que, tras la última subida de diciembre, supone 24,7 euros por cada 1.000 cigarrillos.

Para evitar que haya marcas excesivamente baratas, además, existe un impuesto mínimo, de 131,5 euros por cada 1.000 cigarrillos. Además, en España existe el doble mínimo, de 141 euros por cada 1.000 cigarrillos. Este último sólo se aplica a aquellas cajetillas que lleguen al estanco por debajo de los 3,92 euros. Es decir, si no llegan a ese precio, a las tabacaleras no le saldrían las cuentas porque sus costes de producción, más los impuestos, serían superiores.

Ese doble mínimo está en entredicho desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminase en 2014 que Italia debía echarlo atrás, al entender que castigaba a sólo a las compañías que comercializan cajetillas más baratas, lo que distorsiona la competencia. España sigue con él porque entendió que esa sentencia sólo se aplicaba a Italia.