Adolfo Suárez Illana emprende nuevos retos profesionales. El hijo del expresidente del Gobierno ha constituido un nuevo despacho de abogados tras abandonar la política a finales del año pasado. La empresa se denomina Adolfo Suárez Abogados SL y comenzó a operar el 22 de febrero. Según publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), el objeto social es el ejercicio de la abogacía, "actuando como sociedad de mediación e intermediación". Suárez Illana es el socio y administrador único de la empresa, que se ha constituido con un capital social de 3.000 euros y con sede en Camino de la Huerta 41, Alcobendas (Madrid).
En una carta en la que expuso los motivos de su decisión, dijo que renunciaba para retomar sus "obligaciones profesionales y familiares". Suárez Illana entró en política hace dos décadas cuando el Partido Popular le propuso como candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha. Tras perder en los comicios de mayo de 2003 por el socialista José Bono, decidió retirarse de la política y volver a su vida profesional, sin ni siquiera recoger su escaño en las Cortes regionales. A finales de 2018, poco después de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular, fue designado presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
Además, en las elecciones generales de abril de 2019 concurrió como número dos de Casado por Madrid y, en la repetición electoral de noviembre de ese mismo año, pasó a ocupar el tercer puesto, detrás de Ana Pastor. Bajo la actual legislatura, los diputados tuvieron que hacer públicos todos sus bienes antes de sentarse en el Congreso de los Diputados. Suárez Illana desveló un finiquito que rozaba los 500.000 euros tras abandonar la empresa privada y regresar a la política. En concreto, acordó con Ontier percibir 450.000 euros que le serían abonados forma mensual durante cuatro años.
Por su parte, de Elecnor percibió 40.800 euros en marzo de 2019, a punto de comenzar la campaña electoral. A estas cantidades hay que añadir un sueldo de 188.931,63 euros cobrados de Ontier como salario, 18.000 euros de su despacho Suárez & Illana Abogados y 6.800 euros de Elecnor. El madrileño fichó en 2010 por el despacho de abogados Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza (RHGR). Dos años más tarde, presentaban Ontier, la marca internacional del bufete con él como presidente.
Los 'saltos' más sonados
Entre los 'saltos' más sonados de políticos que pasan a grandes bufetes están el de Rafael Catalá, exministro de Justicia, cuando llegó a la firma Herbert Smith hace tres años. Antes que él, Francisco Caamaño, que dirigió esa misma cartera en el Gobierno de Zapatero, se incorporó en CCS Abogados, o la exministra del PSOE Carme Chacón, que pasó por el bufete Ramón y Cajal. Otros exministros como José María Michavila y Ángel Acebes (MA Abogados), o Alberto Ruiz Gallardón han fundado sus propios despachos o se han incorporado a pequeñas firmas de asesoría legal.
No obstante, los dos casos más notorios en los últimos años han sido el de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el de su compañera de Gobierno y de partido María Dolores de Cospedal, ambas abogadas del Estado. Sáenz de Santamaría, que es miembro del Consejo de Estado, entró como socia de Cuatrecasas, el segundo bufete por volumen de facturación en España y que cuenta con más de un millar de profesionales. Es experta en 'compliance' y gobierno corporativo. Dolores de Cospedal, que pasó más de 18 años en la política con más de diez cargos tanto en la Administración como en el PP, llegó como socia a CMS Albiñana & Suárez de Lezo tras el intento fallido de entrar en la firma anglosajona Hogan Lovells. En junio de 2021 se dio de baja temporal del bufete ante su implicación en una de las piezas del caso Villarejo, si bien no ha sido imputada por ello. Abandonó el despacho de manera definitiva en marzo del año pasado y ahora ha fundando su propia firma, según avanzó ElConfidencial.
Otro fichaje mediático fue el de Albert Rivera. Medio año después de su repentino adiós de la política tras su batacazo en las elecciones de noviembre de 2019, fue captado por el bufete de abogados Martínez-Echevarría para ejercer de presidente ejecutivo. Rivera, que se llevó consigo al que fuera su número tres en la formación naranja José Manuel Villegas, renunció tres años antes de que le acabara el contrato en 2025 tras declarar "reiterados incumplimientos contractuales". El despacho le reprochó poca productividad. De acuerdo con la base de datos elaborada por la Fundación Civio a partir de los informes semestrales de la Oficina de Conflictos de Intereses desde 2014 a 2021, el sector de la abogacía y las firmas de consultoría son el destino más habitual para políticos y miembros. Para ser exactos, al menos 115 políticos y piezas importantes de nuestras instituciones han escogido este camino en su retorno al mundo laboral en esos ocho años.
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