Los perjudicados por la caída del Popular buscan abrir otra vía de investigación sobre su colapso y venta al grupo Santander. La Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) ha elevado una denuncia contra las autoridades involucradas en su resolución ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el organismo vinculado a la Comisión Europea que investiga irregularidades y casos de corrupción en las instituciones de la Unión Europea (UE).
Se trata del escrito que la Fiscalía Anticorrupción ya ha admitido a trámite y enviado al juez Fernando Andreu para que tome una decisión y que coloca en la diana la actuación de Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Danielle Nouy y Mario Draghi, máximos responsables en el BCE; Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea; el exministro Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y el presidente del Frob, Jaime Ponce.
La denuncia les reprocha haber actuado en fraude de ley y cometer prevaricación por, supuestamente, adoptar una decisión injusta sin seguir al dedillo la normativa e ignorando la macroampliación de capital que trataba el banco de ejecutar para reforzar la base de capital y digerir el problema del ladrillo que cercenó su viabilidad.
Según refieren en la Asociación la OLAF se encuentra evaluando la información para decidir si procede incoar investigación. Si asume el caso sería, al menos, la cuarta instancia donde se cursan procedimientos sobre la solución arbitrada en el Popular en España, Luxemburgo y Estados Unidos: en la Audiencia Nacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Tribunal Federal de Nueva York, instancia esta última donde han acudido un grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle y los fondos Pimco y Anchorage, no para depurar responsabilidades, sino en un intento de obligar al Santander a publicar informes confidenciales.
A la oficina antifraude llegan denuncias sobre fraudes e irregularidades normalmente vinculados con el uso de fondos de la Unión Europea en organismos comunitarios o en los Estados miembros. Todas se someten a una evaluación inicial para averiguar si son competencia y reúnen los criterios para iniciar las pesquisas que, en su caso, derivarían en una investigación directa o colaborar con las iniciadas por autoridades nacionales u otros departamentos de la UE. Si da alguno de estos pasos, incluso, el de colaborar revelaría que observa indicios de irregularidades.
El escrito presentado por la AIAP gira sobre la idea de que las autoridades denunciadas obviaron la ampliación de capital a la que Barclays y Deutsche Bank habían mostrado interés en asegurar. La operación no se encontraba cerrada y era de difícil ejecución por el bajo valor de las acciones y el hecho de que precisase ser aprobada por inversores que verían reducida a la nada las acciones, al aplicar los correspondientes descuentos, pero el exconsejero Antonio del Valle sostiene que había inversores dispuestos a poner 1.900 millones (incluye el grupo de inversores mexicanos que lidera, el chileno Luksic, Pimco, Anchorage y eventualmente también Allianz y Crédit Mutuel).
¿Faltó König al deber de secreto profesional?
La denuncia sostiene que la opción privada hubiese evitado llevar a cero el patrimonio de sus más de 300.000 accionistas y bonistas, y acusa a las autoridades de incumplir la normativa que impide resolver una entidad si existen alternativas y solvente. “El único interés público -sostiene el escrito- que había era el poder no mostrar o tapar o no dar a conocer que el Fondo de Garantía de Depósitos, dependiente del Ministerio de Economía, no disponía de fondos para cubrir los depósitos garantizados (100.000 euros por persona y cuenta)”.
Los denunciantes colocan a la JUR en la diana por asignar al banco un precio basado en el trabajo efectuado por Deloitte “con poco rigor” por las prisas, y a König, por infringir la obligación de mantener el secreto profesional. En la resolución no se ha efectuado uso alguno de ayudas ni fondos comunitarios cuya irregular utilización suelen copar las pesquisas de la OLAF, junto a casos de corrupción. Aún debe publicarse, sin embargo, el último informe de Deloitte y la UE debería compensar a los afectados si determina que hubiesen recibido mejor trato de llevar el Popular a un proceso de insolvencia.
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