Martes, 21.08.2018 - 08:13 h
Perdió 113 millones con la resolución

Luksic abre la puerta al Santander a un acuerdo de compensación por el Popular

Los grandes inversores perjudicados juegan sus cartas buscando un resarcimiento de los quebrantos por parte del grupo cántabro

Luksic denuncia que la JUR antepone los intereses comerciales del Santander a los de accionistas de Popular
Una mujer pasa frente a una sucursal del banco Popular / E.P.

Los grandes inversores que encajaron millonarios quebrantos en el Popular juegan sus cartas buscando el resarcimiento del Santander. El magnate Andrónico Luksic demandó ayer directamente a Ana Botín los más de 113 millones de euros perdidos con la resolución del banco o “la articulación de una solución alternativa satisfactoria”, bajo amenaza de iniciar actuaciones judiciales contra el grupo cántabro en caso contrario.

Su movimiento llega precedido de intensos rumores sobre maniobras de los grandes damnificados, como el grupo mexicano de inversores liderado por Antonio Del Valle o la Sindicatura, buscando reparación y hasta una supuesta inclinación del Santander a analizar la situación para evitar que sus pulsos deriven en un grave foco de problemas.

El único que ha expuesto públicamente movimiento alguno es la familia Luksic. Se trata de la mayor fortuna de Chile con un patrimonio cifrado por Forbes en 16.300 millones de dólares (13.200 millones de euros). Su irrupción en el capital se gestó por empeño del mexicano Del Valle, el exconsejero del Popular que lideró la rebelión en el consejo que acabó con la salida de Ángel Ron y la sustitución por Emilio Saracho, quien se presumía candidato del grupo inversor azteca.

Del Valle convenció a Luksic para adquirir un 3,014% del capital y posicionarse de cara a tomar el control del banco en la macroampliación que se proyectaba y a la que confiaba en sumar fuerzas con Allianz y Crédit Mutuel, además de grandes fondos como Pimco. Cuando la asfixia de liquidez torpedeó toda opción con la entrada en resolución de la entidad, Aeris Invest, el vehículo de inversión de la familia chilena, controlaba un 3,45% del capital y estaba dispuesto a desembolsar otros 300 millones, según la versión de los acontecimientos detallada por el grupo mexicano en su denuncia a la JUR en Luxemburgo.

La instrumental Aeris Invest cursó ayer una carta a Ana Botín donde pide reparación en base al provecho, que sostiene, saca el Santander: “La gravedad del informe -el de valoración de Deloitte-, de los datos que pone de relieve, su manifiesta inconsistencia y la falta de imparcialidad, trasladan a la operación de compraventa el significado de una operación que, nos parece obvio, representa una actuación que se traduce en un enriquecimiento injusto, un abuso de derecho y una competencia desleal, consentida, conocida e instrumentalizada en beneficio del banco Santander”.

El chileno, que ya ha iniciado acciones legales contra la JUR en Luxemburgo y el Frob en la Audiencia Nacional, no destapa sus intenciones o preferencias como alternativas, pero sí desliza el interés en “pretender” seguir siendo titular de las acciones que controlaba del Popular y pasaron, junto al resto de capital, a propiedad del Santander al precio de un simbólico euro.

También Antonio del Valle ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Junta Europea de Resolución y la Comisión Europea, pero renunció a interponer demanda alguna en España al instar la recuperación de su dinero en arbitraje internacional. El grupo de inversores que lidera el empresario reclaman a España los 470 millones perdidos con la resolución, proceso que inhabilita los recursos en la Audiencia Nacional. Sin embargo, sí quieren maximizar sus posibilidades jugando la carta de BX+, entidad del que el Santander heredó un 24,99% del capital dentro del ‘ajuar’ del Popular.

El contrato del acuerdo contempla la salida del socio al mismo precio o con cierta prima sobre el importe pagado en su día (el Popular invirtió 97 millones de euros). Y las negociaciones parecen haber encallado ante la intención del grupo cántabro de resolver la alianza según lo pactado mientras el grupo de inversores mexicanos no reconoce valor a la participación con el argumento de que formaba parte del patrimonio de un Popular valorado y adjudicado a un solo euro.

Otro gran afectado con la caída de la entidad es la Sindicatura, asociación vinculada a la prelatura del Opus que siempre se significó como principal accionista con participaciones superiores al 9,5% y que siempre respaldó su gestión, suscribiendo incluso las mega ampliaciones de 2013 y 2016. En el mercado se especula con un potencial gesto del Santander que les ayudaría con sus finanzas si renueva el alquiler de parte de las instalaciones donde el Popular fijó su sede en el emblemático edificio Beatriz. Una opción, en todo caso, no confirmada por el banco.

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