Viernes, 18.01.2019 - 23:58 h
Solicita anular la resolución del banco

Del Valle desliza que la UE dinamitó el proyecto de salvamento del Popular

El magnate mexicano y consejero del banco estaba dispuesto a aportar 1.000 millones en la macroampliación de capital que preparaba la entidad. 

Oficina del Banco Popular en Barcelona. EFE
Oficina del Banco Popular en Barcelona. EFE

La polémica sobre la resolución del Popular tiene tantas aristas como perjudicados. Antonio del Valle, el consejero mexicano del banco, saca a la luz en la demanda interpuesta en el Tribunal de Luxemburgo que la Junta de Resolución y la Comisión Europea desatendieron sus “legítimas expectativas, apartándose sin justificación del plan de resolución”. El empresario, que lideró a un grupo de inversores aztecas, se había ofrecido a aportar unos 1.000 millones de euros en la macroampliación de capital con la que el equipo liderado por Emilio Saracho buscaba salvar al Popular.

Sobreviene la crisis de liquidez y la Junta de Resolución pone en marcha la maquinaria. El recurso interpuesto por el magnate mexicano, junto a otros 41 demandantes, niegan la mayor sosteniendo que no se daban las condiciones para proceder a la resolución -la asfixia de liquidez acosaba a la entidad mientras el ratio de solvencia tiritaba pero dentro, aún, del mínimo regulatorio-. Pero una vez que se acciona el botón, arguye que ignoró las alternativas existentes a la venta del negocio y sostiene que el desenlace “no respetó el principio de proporcionalidad” o, lo que es lo mismo, causó a su entender un daño superior al que se buscaba evitar.

Cuando Saracho asumió la presidencia del banco se puso a trabajar, junto a su equipo, en dos vías. La búsqueda de una fusión con otra entidad, a priori la alternativa que se vislumbraba con mayores opciones para resolver las fragilidades del banco, y una macroampliación de capital combinada con una venta de importantes activos.

Ampliación y venta de activos

Solo con desinversiones esperaba recaudar casi 2.000 millones. Tras contratar a Bank of America Merrill Lynch para enajenar WiZink, la filial de tarjetas de crédito compartida con Värde Partners ya ultimaba la venta a este fondo de su 49% por unos 1.500 millones, según fuentes al corriente de los trabajos. Había parado la transferencia al chileno BCI del Totalbank por unos 540 millones, ante las pretensiones del comprador de aprovechar las presiones del mercado para bajar su factura, según desveló Vozpopuli.

Sobre la mesa contaba con unas cartas de Barclays y Deutsche Bank con un compromiso preliminar y sin entrar en valoraciones reales ofreciéndose a asegurar hasta 6.000 millones en una potencial ampliación, tal y como desveló ABC. En el marco de esta potencial ampliación, Antonio del Valle se había ofrecido a suscribir una cuantía muy superior a su cuota accionarial para reforzarse.

Al empresario mexicano se le atribuye liderar la rebelión dentro del consejo que acabó derrocando a Ángel Ron de la presidencia, después de que frustrase sus intentos de fusionar el Popular con Sabadell junto al accionista el inversor colombiano de éste último banco Jaime Gilinski, que también se ofreció a participar en la macroampliación.

La resolución del Popular como finalmente fue ejecutada llevó a cero los más de 500 millones de euros que valía la participación accionarial del grupo de inversores mexicanos que lideraba Antonio del Valle, y que han contratado para litigar en Luxemburgo al despacho estadounidense Kirkland & Ellis.

En el escrito presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea despliegan nueve motivos para argumentar que la actuación fue indebida y poner en tela de juicio el resultado con foco particular en la tasación del banco. La demanda sostiene que la Junta de Resolución y la Comisión Europea infringieron la ley “al no haber llevado a cabo una valoración adecuada e independiente de activos antes de adoptar la decisión”.

La valoración encargada a Deloitte y emitida con carácter provisional ofrecía tres valoraciones: dos negativas de -2.000 y -8.000 millones, y una positiva coincidente con el valor en bolsa de 1.300 millones. Las autoridades de resolución relativizaron la importancia del estudio dado que la decisión vino determinada por la única oferta sobre la mesa -o vendían al Santander o tenía que ir a un concurso de acreedores-, pero la valoración se ha convertido en la pieza clave para los demandados que, además, denuncian indefensión al negarseles el acceso al documento.

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