El caso Popular inunda España y la UE con un aluvión de más de 350 recursos

  • La decisión de la Audiencia Nacional de 'pasar la pelota' al TJUE puede congelar los procesos un mínimo de dos años hasta tener el fallo en Luxemburgo
Inspectores del Banco de España dudan del agujero detectado en el Popular (EFE)
Inspectores del Banco de España dudan del agujero detectado en el Popular (EFE)

La Audiencia Nacional ha pasado la pelota sobre la espinosa resolución del Popular a Europa: sopesa congelar los procesos hasta que se pronuncie la Corte de Luxemburgo. Aún siendo lógico el movimiento táctico, de repente abre un compás de espera de dos años mínimo a los más de 350 recursos que anegan ambos tribunales en defensa de decenas de miles de afectados que buscan recuperar los más de 3.000 millones de euros que vieron desaparecer de la noche a la mañana cuando sus acciones y bonos se utilizaron para reparar quebrantos en la entidad.

En la providencia divulgada ayer la sala de lo contencioso-administrativo que preside el juez José Luis Gil se plantea suspender la tramitación de los recursos para "evitar posibles incidentes que solo retrasarían y complicarían" cualquier decisión final. Fuentes jurídicas interpretan que busca evitar adoptar decisiones contradictorias con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de mayor rango; al tiempo que deja en su tejado dictar doctrina. Es la segunda vez que la Audiencia delega en Luxemburgo, ya que en septiembre rechazó suspender la venta del Popular de forma cautelar excusando que la acordó y aprobó Europa.

Se trata del proceso más complejo encarado hasta ahora en el Viejo Continente por concurrencia: se han acumulado unas 250 demandas ante el tribunal español y otro centenar largo en la Corte de Luxemburgo; a sumar a 200 recursos administrativos ante el Fondo de Resolución (Frob) y 46 en el Panel de Recursos de la Junta de Resolución Europea (Jur), si bien estos últimos se agotan en vía administrativa.

En el Panel de la Jur, conformado por una suerte de expertos independientes, algunos afectados han logrado que fuerce al organismo dirigido por Elke König a levantar el velo sobre ciertos pasajes del todavía confidencial informe de Deloitte, que la JUR se ha comprometido a divulgar este mismo mes. Pero los escritos presentados ante el Frob, que cuestionan su actuación y son analizados por su Comisión Rectora, son apenas una suerte de trámite previo antes de ir ante el Juez donde se acumulan las citadas 350 demandas.

Más allá del aluvión de demandas, la dificultad del proceso se agrava por lo insólito del caso: es el primer banco en el que actúa así el mecanismo europeo de resolución y por una crisis de liquidez, no de solvencia regulatoria. Lo complica aún más la involucración de casi todas las autoridades nacionales y europeas: supervisores, Gobierno a través del Tesoro y organismos de resolución: JUR y su brazo ejecutor español, el Frob.

En la diana figura la JUR, como la autoridad que diseñó la solución y detonó el botón, y la Comisión Europea por autorizarlo en Europa, pero en España las demandas se dirigen contra los exgestores, el Frob o el Santander, tras adjudicarselo por un euro. La mayoría de bufetes cuestionan que se aplicase de forma correcta la normativa comunitaria y son coincidentes alegando desprotección ante el desconocimiento del informe de valoración del banco efectuado por Deloitte, y en haber sido expropiados sin posibilidad de defender sus intereses.

Esperanzas a corto: en el informe de Deloitte 

“Tiene bastante sentido la prejudicial planteada por la Audiencia Nacional y que podría estar solicitando al TJUE su interpretación de la normativa europea” en uno o distintos aspectos, detallan fuentes jurídicas. ¿Cómo actuará? Al tribunal se le abren varias opciones: esperar e diagnóstico de Luxemburgo para continuar con todos los procedimientos abiertos o reactivarlos en grupos, si va recibiendo aclaraciones que les afecten.

A pesar de los diferentes escenarios, las fuentes jurídicas coinciden en que lo más práctico sería esperar a un fallo firme de Luxemburgo, un tribunal que emplea de dos años de promedio para emitir una sentencia y en procesos que carecen de la complejidad del que ahora aborda.

De cumplirse dicho guión, la esperanza más inmediata de los más de 300.000 inversores -accionistas y bonistas- sería que el informe definitivo que también debe elaborar Deloitte concluya que hubiesen recibido mejor trato de liquidar el banco en concurso de acreedores. El perjuicio lo tendría que compensar Europa. La Jur se ha comprometido a divulgar dicho análisis antes de abril.

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