No suele ser habitual que la banca aproveche facilidades de una ley para aliviar la carga de capital por temor a un diagnóstico erróneo del mercado. Sin embargo, con el nuevo régimen de provisiones para el crédito que entró en vigor en enero con efecto directo en la cuenta porque demanda mayores dotaciones y en solvencia, la situación podría cambiar. Varios bancos han solicitado al Banco Central Europeo (BCE) acogerse a una moratoria para retrasar el impacto en la preciada hucha de recursos propios, indican fuentes financieras.
Un diferimiento con el que ‘compran’ tiempo para reforzar en el entretanto el delicado ratio, incluso aunque cubran con el umbral mínimo exigible si recogen su impacto. Las fuentes consultadas justifican la decisión en un movimiento ‘técnico’ porque algunas entidades carecen aún de cálculos exactos sobre cuánto le va a costar, pero la realidad es que también ganan plazo para engordar la hucha sin pasar el apuro de enseñar ratios al filo de lo deseable -por razones regulatorias o de compromiso con el mercado-.
El desafío llega con la entrada en vigor de la contabilidad internacional o las bautizadas como NIIF 9 o IRFS 9, que revolucionan por completo la manera que la banca tiene de acopiar recursos o dotaciones por si vienen mal dadas y los créditos tornan en morosos. Al régimen que les exigía construir esa red cuando el riesgo daba la peor cara y surgían los impagos ha sido sustituido por una metodología que les obliga a realizar un ejercicio de anticipación y apartar dotaciones en función de las pérdidas esperadas, es decir, de la expectativa de que el cliente falle.
En la ecuación entra de lleno la experiencia histórica que la entidad o el sector tenga sobre la capacidad de atender su deuda el cliente por su propia trayectoria, la del colectivo de personas o empresas a la que pertenece o desarrolla su actividad o factores como el mercado donde se desenvuelva. Tan rupturista es el cambio de paradigma que exigirá apartar un dinero por si acaso en el mismo momento de otorgar la financiación, algo que algunos expertos pronostican que acabará encareciendo la financiación.
El simple cambio de reglas obligará, a foto fija, engordar un 13% la hucha de provisiones del sector financiero y detraerá unos 45 puntos básicos al ratio más exigente de solvencia (el conocido como CET1 que miran todos los analistas) conforme a estudios y valoraciones del Banco de España que da por buenos los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).
A pesar del revés, el sector parte por varias circunstancias en situación de ventaja frente a los bancos europeos. La crisis y los conocidos Guindos forzaron la máquina de saneamiento del ladrillo y las entidades han tenido que ingeniárselas para levantar y destinar casi 300.000 millones de euros desde el año 2008 a fortalecer el balance, reconocer morosidades encubiertas o que mantenían debajo de la alfombra dándoles apariencia de sanas por medio de refinanciaciones. Otros países carecen de un régimen tan riguroso.
A 'devolver' o impacto de hasta 5.000 millones
Ahora bien, asumir el doble impacto al instante implica igualmente levantar entre 2.900 y 5.000 millones de euros, conforme a distintas valoraciones y la situación no es absoluto homogénea. Hay entidades a las que hasta puede darle a ‘devolver’ la factura, mientras otras irían ‘justas’. El servicio de estudios de BBVA Research auguró que acercaría a alguna al límite de la solvencia desde la óptica contable, y alertó del estrés que introducirá: "puede amplificar, más que reducir las fluctuaciones cíclicas".
La convicción de las autoridades y de agencias de calificación como Moody’s es que tendría un impacto “modesto” en la industria en España, sin causar una adaptación traumática. Al tratarse de una variación en el criterio contable, el déficit de provisiones, iría contra reservas y no contra beneficios. Para facilitar dicho drenaje la Unión Europea preveía otorgarles un periodo transitorio de cinco años, al que conforme a las fuentes consultadas han pedido acogerse varias entidades de dispar tamaño al BCE.
La posibilidad de fraccionar y diferir el ‘bocado’ resta presión al riesgo de que endureciese de nuevo la financiación. De hecho, en el mercado, sobre todo hipotecario, se ha recrudecido la batalla comercial por el cliente con una nueva escalada de bajada de precios y condiciones de financiación.
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