Martes, 23.10.2018 - 10:29 h
Vía para destapar papeles secretos de la resolución

El Santander 'convence' al juez de EEUU para unir el proceso de Del Valle y Pimco

El magistrado asignado al requerimiento de los inversores mexicanos asume también el de los bonistas, que piden acelerar los trámites.

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Los inversores mexicanos y los bonistas acuden al tribunal de EEUU con intención de que oblilgue al Santander a presentar datos confidenciales del Popular. / L.I.

El Santander se anota una pequeña primera victoria en la vía abierta en EEUU por Antonio del Valle y los bonistas, al conseguir su tramitación por parte del mismo magistrado. El juez que se hizo cargo de la iniciativa planteada por los inversores mexicanos con la finalidad última de forzar al banco a entregar documentos confidenciales del Popular, asumirá la causa planteada tiempo después por Pimco y Anchorage como había solicitado el bufete que representa al Santander ante la “similitud” de pretensiones y para evitar el riesgo de incongruencias o contradicciones.

Ambos quieren acceder a información secreta sobre la resolución y activaron el conocido como proceso de ‘discovery’ existente en EEUU, que permite exigir a empresas operativas allí la entrega documental de informes o testifical para su uso en otras jurisdicciones. Los bonistas recurrieron la actuación de la Junta Europea de Resolución (JUR) en la Corte de Luxemburgo, al igual que los mexicanos que además utilizarán dicha información en el arbitraje internacional al que prevén llevar a España si el Gobierno no les resarce los 470 millones de euros que perdieron en el rescate interno del Popular.

La estrategia del bufete texano Hunton Andrews Kurth de aglutinar ambos casos ha provocado choques con la defensa de los bonistas por frenar el proceso, al retrasar la primera respuesta que aún debe efectuar el Santander a la reclamación original mientras la causa de los mexicanos avanza. El despacho Quinn Emanuel que representa a Pimco y Anchorage giró, nada más conocerse la reasignación del caso al juez de Del Valle, una solicitud para que el banco formule la réplica en los próximos 10 días en contraste con los 30 que reclamaba la entidad la semana pasada.

La defensa del Santander pidió tiempo ante la complejidad y envergadura de ambas demandas. En el escrito entregado al juzgado estadounidense explica que, en conjunto, debe analizar “aproximadamente 1.000 páginas de información y pruebas -aportadas con los dos casos-, incluídas múltiples declaraciones de expertos en asuntos de la legislación de la Unión Europea y ley española que requerirá una intensa coordinación con abogados extranjeros”.

Los letrados de los bonistas le rebaten con la afirmación de que ha tenido “más de 40 días” desde que activaron el proceso el 3 de abril para revisar documentos y “enfocarse solo sobre las nuevas cuestiones planteadas” frente al caso de Del Valle, cuyo bufete Kirkland & Ellis ha apoyado la pretensión de acompasarlos. Subyace el interés en ambos reclamantes de “eliminar el riesgo de avance táctico en alguno de los casos frente al otro” o que uno entorpezca al otro.

La ofensiva en EEUU coincide en el tiempo con un momento clave en Europa. Se espera que el Panel de Apelación de la Junta Europea de Resolución (JUR) cierre su proceso en el plazo de un mes o mes y medio. Este organismo integrado por cinco miembros independientes que decide sobre recursos contra las decisiones de la autoridad dirigida por Elke König ha concluido la fase de consultas con la JUR y a los afectados que recurrieron a la instancia para acceder a información confidencial solo les resta esperar su decisión. En febrero propició la entrega de documentos significativos aunque con pasajes tachados o reservados como el codiciado informe de valoración de Deloitte, el testamento vital del Popular aprobado por el BCE y donde se detallaba cómo proceder en caso de inviabilidad o el análisis sobre el estado de la entidad firmado la víspera de su ‘rescate’ y adjudicación al Santander.

Los afectados opinan que, transcurrido casi un año desde que el banco fue resuelto el 7 de junio de 2017, es hora de abrir la caja y sacar a la luz documentos protegidos con el argumento de que desestabilizaría a la entidad o al sistema financiero. Sin embargo, la JUR se enroca en la necesidad de mantener el velo para garantizar la estabilidad del sector financiero o el perjuicio que traería en la manera de operar y tomar decisiones al BCE o la JUR si desvelan sus procedimientos. Si el Panel de Apelación elude o no logra un nuevo desglose, a los afectados les queda la vía de EEUU y, sobre todo, el Tribunal de Luxemburgo.

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