La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a Amazon información acerca de sus medidas para cumplir con los requisitos comunitarios de protección de los consumidores. En concreto, con respecto a la venta de productos ilegales y la protección de los derechos fundamentales, así como lo relacionado con sus sistemas de recomendación.
El gigante estadounidense deberá enviar su respuesta antes del próximo 6 de diciembre, y el Ejecutivo comunitario analizará los posibles pasos sobre la base de la misma. Este procedimiento podría acabar con la apertura de un expediente en el caso que consideraran que Amazon no cumple con las exigencias. En concreto, Bruselas ha requerido información haciendo uso de la ley de servicios digitales (DSA), en vigor desde este año en la UE y recoge Europa Press.
Dicha ley obliga a las grandes compañías de internet a eliminar rápidamente el contenido ilegal, así como ser más transparentes en el funcionamiento de sus algoritmos. La institución que preside Ursula von der Leyen ya había utilizado esta DSA para solicitar información a Meta, TikTok y X (la antigua Twitter) tras abrirles una investigación sobre las medidas para eliminar el contenido que, según Bruselas, promueve el terrorismo tras el ataque de Hamás a Israel.
Fuentes de Amazon aseguran que están revisando esta solicitud "y trabajando en estrecha colaboración con la Comisión Europea". "Amazon comparte el objetivo de la Comisión Europea de crear un entorno online seguro y fiable, e invertimos significativamente en proteger nuestra tienda de los infractores y del contenido ilegal con el fin de crear la mejor experiencia de compra; nos hemos basado en esta sólida postura para cumplir con la DSA”, apuntan.
La Comisión puede incluso, en el marco de esta nueva normativa, imponer multas económicas si considerase que las respuestas de las empresas a las que ha reclamado información son "incorrectas, incompletas" o contienen datos "engañosos".
A nivel general, si el Ejecutivo comunitario puede ordenar medidas cautelares contra las empresas, hasta que culmine la investigación, que las plataformas no están actuando voluntariamente para eliminar los contenidos que chocan con la legislación europea.
En última instancia podría imponerles una multa que ascendería hasta el 6 % de su facturación mundial anual y, en última instancia e incluso pedir a la Justicia europea que prohíba estas plataformas en el territorio de la UE si el incumplimiento persiste. La semana pasada, el Ejecutivo comunitario cursó una petición similar al gigante chino del comercio electrónico AliExpress, con especial interés en la venta de medicamentos falsos.
