El presidente del BBVA, Carlos Torres, recibió el pasado viernes el informe forensic del 'caso Villarejo' que fue encargado a PwC a principios de año para complementar la investigación que la entidad bancaria venía realizando desde junio de 2018. El dictamen de la empresa consultora que preside Gonzalo Sánchez fue considerado en su momento como la piedra angular definitiva para aclarar las relaciones mercantiles mantenidas por el banco con las empresas del Grupo Cenyt perteneciente al excomisario actualmente en prisión.
Las pesquisas se han desarrollado con todas las cautelas en una sala cerrada dentro de la planta noble de la Torre PwC que alberga la sede en Madrid de la firma auditora. En el trabajo han participado cerca de cincuenta profesionales auditores aparte de los representantes legales del bufete Uría Menéndez. Previamente, en junio de 2018, el banco, todavía bajo la presidencia de Francisco González, había contratado los servicios de Garrigues en prevención de que las escuchas de Villarejo pudieran trascender a la opinión pública.
El BBVA asegura a través de sus portavoces que la investigación interna sigue su curso e incluso anuncia que en un futuro puede haber nuevas líneas de investigación. No obstante, los comunicados difundidos de manera oficial por el banco en fechas previas inducen a pensar que la decisión del juez García Castellón y las consiguientes imputaciones de ocho directivos de la entidad tienen una vinculación directa con los resultados definitivos del informe forensic ya ultimado. No en balde, el BBVA reconoció a finales de mayo en el denominado folleto continuado remitido a la CNMV que estaba llevando a cabo una investigación para proteger los intereses legítimos del grupo y "en relación con ello -añadía- estamos cooperando con las autoridades judiciales y nuestros supervisores".
Dicha colaboración con los tribunales adquiere su verdadera significación si se tiene en cuenta que el informe forensic llegó al BBVA justo tres días antes de que se conozca la nueva deriva judicial del escándalo generado por las escuchas ilegales supuestamente contratadas a Villarejo. El escrito de imputaciones no prejuzga las presuntas irresponsabilidades penales pero señala directamente a una serie de directivos que, de una forma u otra, tuvieron algo que ver en las relaciones contractuales del banco con la empresa del comisario.
Entre los investigados destaca Ángel Cano, antiguo consejero delegado del BBVA bajo la presidencia de FG, si bien su inclusión en el procedimiento judicial parece más directamente relacionada con su etapa como director de Medios y Recursos Humanos, cargo al que reportaba directamente el exdirector de Seguridad y también investigado en la causa, Julio Corrochano. En este sentido se puede inferir que la investigación judicial se refiere, de momento, a hechos acaecidos entre finales de 2004 y septiembre de 2009 cuando Ángel Cano fue promovido como CEO del banco en sustitución de José Ignacio Gorigolzarri.
Otros directivos imputados son la actual responsable de Seguridad, Inés Díaz Ochagavia, así como el director de Banca Comercial, Ignacio Pérez Caballero; el antiguo interventor general del banco, Javier Malagón Navas y el ex director general de la división inmobiliaria y actual primer ejecutivo de la Operación Chamartín, Antonio J. Béjar. También declararán como investigados el director de Contabilidad, Ricardo Gómez Barreo, así como Nazario Campo Campuzano, integrante del equipo de Seguridad del banco. El juez ha imputado además a Rafael Redondo, socio de Villarejo en Cenyt.
Dos tandas de declaraciones
Todos ellos tendrán que comparecer ante el juez en dos tandas previstas para el jueves y viernes de esta misma semana. Los testimonios serán determinantes para conocer el alcance del procedimiento judicial en el que, de momento, no figura el que fuera máximo responsable del BBVA durante los años objeto de investigación. Francisco González aprovechó la última junta general del banco, en marzo pasado, para cesar en los cargos honoríficos que hasta entonces ostentaba después de haber cedido previamente la presidencia ejecutiva a Carlos Torres a finales de 2018.
El actual presidente ha salvaguardado con exquisita pulcritud la imagen de su antecesor y valedor en el BBVA, si bien la carta exculpatoria con que FG puso término a su etapa profesional en el banco dejó cierto regusto amargo en Carlos Torres, cuyo papel en la entidad aparecía, una vez más, claramente supeditado al protagonismo de su predecesor. En un escrito trasladado al todo el consejo de administración, el ex plenipotenciario presidente defendía su actuación recordando que había sido él mismo quien impulsó la investigación interna con el fin de disponer de toda la información y asegurar que el banco había actuado de acuerdo con sus principios de legalidad y publicidad.
El informe forensic en poder del BBVA ha mantenido intacta la figura de Francisco González, pero ahora el célebre caso de las escuchas ilegales adquiere una nueva dimensión de consecuencias insospechadas. En principio, Torres ha terminado su trabajo, so pena de que ahora, y a la luz del cariz que toman los acontecimientos en los tribunales, el banco reactive unas pesquisas internas dilatadas durante más de un año y que hasta la fecha ha tratado de mantener en la más oscura línea de sombra.
Sea como fuere, y como decía hace pocos días el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, lo importantes es la resolución del caso en manos de los tribunales. En otras palabras, ahora todas las miradas de los supervisores y de los mercados apuntan a la Audiencia Nacional y al juzgado número 6, que es el que tiene la iniciativa para esclarecer la investigación. A partir de ahí se podrá conocer el alcance real que todo este escándalo puede generar en la imagen, la reputación y la actividad de la segunda entidad bancaria de España.
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