A la segunda tendrá que ser la vencida. Abengoa afronta este martes una junta de máxima tensión en la que se juega su futuro. Asamblea que se celebrará en segunda convocatoria tras no alcanzarse el quórum necesario de una cuarta parte del capital este lunes. El hecho de que tan sólo compareciera el 22% de los accionistas da buena muestra de la fractura existente en el seno de la multinacional sevillana de ingeniería, pendiente del rescate público de 249 millones de euros solicitado a la SEPI a principios de este año.
A un lado de la historia se sitúa el grupo de accionistas minoritarios agrupados bajo la sindicatura AbengoaShares, que en octubre hizo valer su participación del 21% para cerrar un acuerdo con el administrador concursal de la sociedad, EY Abogados, y tomar el control del grupo. Un pacto in extremis por el que el consejo de administración de Abengoa pasaba a estar integrado por Clemente Fernández a la cabeza, flanqueado por José Alfonso Murat Moreno y Cristina Vidal Otero.
Pese a que los tres ya fueron designados por cooptación, se someterán a la junta para su ratificación como miembros del consejo. Pero mientras que los dos primeros están ligados a AbengoaShares, lo que hace que cuenten con el respaldo de una parte mayoritaria del capital social, el nombramiento de Cristina Vidal se entiende por su vínculo con el despacho Ramón y Cajal, donde ejerce como socia de financiero y mercado de capitales. A priori, su propuesta garantiza a la firma de abogados un puesto en la mesa ejecutiva del grupo en un momento crucial, toda vez que su continuidad depende enteramente de la intervención de la SEPI.
Los accionistas minoritarios acusan al despacho legal en el que trabaja Cristina Vidal de ponerse del lado de los acreedores
No obstante, la vinculación de Díaz con Ramón y Cajal, al que acusan de posicionarse del lado de los acreedores, lleva a que su nombramiento genere divisiones y críticas entre los miembros de la sindicatura. Y es que se da la circunstancia de que el bufete ha sido el responsable de representar a la compañía en su concurso de acreedores, autorizado por la justicia el pasado febrero. Durante meses, Ramón y Cajal centró su estrategia en alinear a grandes inversores, acreedores y al Gobierno -representante último de la SEPI-, dejando supuestamente a los minoritarios al margen del plan de rescate negociado con las otras partes.
Este planteamiento no fue bien encajado por los accionistas de AbengoaShares, y así lo manifestaron rechazando de plano el primer nombramiento de Cristina Vidal como consejera. La abogada del Estado en excedencia fue elegida miembro independiente del órgano ejecutivo a finales de mayo, en medio de un vaivén de ejecutivos que dejó al entonces presidente de la compañía, Juan Pablo López-Bravo, como único miembro ratificado por la Junta. De hecho, Vidal entró en el consejo relevando a Jordi Sarrias, quien había dimitido en enero.
Desde la plataforma de minoritarios reclamaron en su momento que la designación de Vidal era inválida, puesto que para ser elegida por cooptación tenía que ser accionista. Aunque Abengoa salió al paso con que la Ley de Sociedades de Capital admite la cooptación sin necesidad de formar parte del capital, AbengoaShares respondió que en esos supuestos debe haber un mínimo de consejeros que marquen los estatutos. No obstante, la riada de dimisiones vivida en el grupo de ingeniería impedía que pudiera llevarse a cabo con la mayoría exigible.
Otro de los motivos para cargar contra el nombramiento de la abogada de Ramón y Cajal es que ocupó la dirección del Servicio de lo Contencioso y Régimen Sancionador de la CNMV entre 2010 y 2013. Y si bien su incorporación a Abengoa no incumple el plazo que marca la ley para las incompatibilidades, los minoritarios reprochan que coincidiera en el tiempo con la sanción impuesta por el regulador por no aprobar y formular sus cuentas correspondientes a 2019. Validación que deberá ser sometida a votación en la junta de este martes.
Más conflictivo todavía es el punto del orden del día para solicitar al nuevo consejero que se una a la querella criminal presentada por Inversión Corporativa (IC) -que llegó a poseer un 51% de Abengoa- contra los anteriores consejeros. La acusación por la gestión de la compañía recae sobre Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps.
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