El dueño de Sovaldi desploma sus ventas un 30% en España tras el ‘boom’ de 2015

  • La filial de Gilead, distribuidora del fármaco contra la Hepatitis C, cierra con Hacienda una inspección que supuso el pago de 1,38 millones.
Sovaldi es el producto estrella de Gilead.
Sovaldi es el producto estrella de Gilead.

Después del acelerón, llega la bajada. Gilead Sciences, el gigante farmacéutico dueño del medicamento estrella para luchar contra la Hepatitis C (Sovaldi), cerró el año 2016 con un desplome de casi un 30% en sus ingresos. Fue el segundo ejercicio completo de venta de este producto, en el que los beneficios se redujeron hasta los 12 millones de euros. Su estructura fiscal, similar a la de otras multinacionales como Microsoft o Apple y con sede en Irlanda, ha desembocado en una inspección tributaria que le obligó al pago de 1,38 millones de euros al fisco.

El año 2015 fue el de la explosión del negocio para Gilead. Meses antes, a finales de 2014, tuvieron lugar las negociaciones con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para su adquisición y distribución en España para los enfermos de Hepatitis C. Los contratos con las administraciones públicas se cerraron en 2015, lo que disparó las ventas de la firma hasta rozar los 1.000 millones de euros.

En 2016, la caída ha sido significativa. La cifra de negocio, según las cuentas presentadas esta semana en el Registro Mercantil, se ha reducido un 28% hasta colocarse en los 698 millones de euros. ¿A qué se debe? No hay ninguna explicación en la memoria a la caída, aunque todo apunta a que la demanda de este fármaco se ha rebajado de manera ostensible tras la explosión de 2015 y la utilización para muchos tratamientos.

Sanción y estructura fiscal en Irlanda

Como sucede con compañías tecnológicas como Microsoft o Google, su matriz -Gilead Sciences Ireland UC- se encuentra situada en Irlanda. Es la que tiene toda la propiedad intelectual de todos los fármacos. Así es desde el año 2013 en el que se domicilió en el país europeo con el objetivo de reducir de manera ostensible su factura fiscal. “A medida que lo comercialicemos, hay una oportunidad para que nuestra tasa de impuestos disminuya con el tiempo”, apuntaban desde la empresa.

La filial española se encarga de comercializar comprando todos los productos a la irlandesa. De esta forma, se logran reducir los impuestos pagados en España debido, principalmente, a los costes de adquisición de esos productos a Irlanda (algo que sucede con otras muchas multinacionales). Con casi 700 millones de euros de ingresos durante el ejercicio 2016, su impuesto de Sociedades (con unos beneficios antes de tributos de 18,2 millones) apenas sumaron 5 millones.

En España, la compañía sufrió una inspección fiscal de la Agencia Tributaria correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014. Ya en 2015 todo apuntaba a una sanción y, por tanto, la compañía provisionó 1,34 millones de euros. Finalmente, las actas firmadas de conformidad por la farmacéutica ascendieron a 1,38 millones.

Cobros gracias a los planes de liquidez de las CCAA

La dependencia de esta compañía hacia la administración es total. El 78% de sus ingresos proceden de instituciones públicas, mientras que el otro 22% se han generado por organizaciones con forma societaria privada “si bien gran parte de estas instituciones aunque con forma societaria privada, o bien son participadas por alguna institución pública o bien son proveedores de servicios o mantienen acuerdos con entidades públicas”.

Esa dependencia tiene la consecuencia de los impagos. En este sentido, la compañía ha asegurado que ha logrado un nuevo récord de cobros: 944 millones de euros. ¿Cómo? Se han beneficiado de los diferentes mecanismos de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas. “Hemos cobrado a cierre de 2016 la práctica totalidad de los suministros correspondientes a 2015 y anteriores”, apuntan.

Gilead opera en España desde el año 1995. Su negocio cambió veinte años después, con la explosión del Sovaldi. Los precios que reclamaba por los tratamientos recibieron muchas críticas por ser demasiado altos. Sin embargo, aún se desconoce cuánto pagaron las administraciones públicas por cada uno de ellos.

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