Miércoles, 17.10.2018 - 08:11 h
Polémica a la vista

El TS admite a trámite cinco recursos de las eléctricas contra el bono social

Las empresas creen que el bono social, como toda ayuda social, debería ser financiada con cargo a los presupuestos y no a costa de los operadores.

El Supremo obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las eléctricas por el bono social
El Supremo obligó a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las eléctricas por el bono social.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite cinco recursos contencioso-administrativos contra el real decreto que regula el nuevo bono social eléctrico, entre ellos los de Iberdrola y la patronal eléctrica Unesa.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy los anuncios de la admisión a trámite de estos recursos para que los interesados en personarse en el proceso puedan hacerlo en un plazo de nueve días a partir de su publicación.

Además de los recursos de Iberdrola y Unesa, se han admitido también los de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), Integración Europea de Energía y el que han presentado conjuntamente Cide Hcenergía y CHC, pertenecientes al grupo EDP.

Las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo- presentaron recursos contra la nueva normativa que regula el bono social, un descuento en el recibo de la luz del que se benefician los consumidores vulnerables.

Las empresas consideran que el bono social, como cualquier ayuda de carácter social, debería ser financiado con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y no a costa de los operadores. Además, entienden que no se deben imponer más gastos a las comercializadoras de último recurso, que ya se encuentran en pérdidas por el escaso margen que se les reconoce.

Un dilema para el Gobierno

El pasado 31 de enero, el pleno del Congreso convalidó, con 248 votos a favor, 77 en contra y 15 abstenciones, el real decreto-ley que recoge el nuevo mecanismo de financiación del bono social.

Este, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre del año pasado, se elaboró a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el anterior sistema de financiación del bono social. Según la nueva normativa, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría con anterioridad

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