Martes, 17.07.2018 - 04:22 h
Las previsiones contemplan un superávit de sólo 1,9 millones

¿Subida de la luz? Cinco sombras planean sobre las cuentas de Nadal de cara a 2018

Los recursos legales, el cierre de centrales, el autoconsumo, las reclamaciones internacionales y los pagos por capacidad pueden afectar al equilibrio

Gráfico sistema eléctrico.
Gráfico sistema eléctrico.

El sudoku eléctrico es tan complejo como sensible. Si se resuelve mal, afecta al bolsillo de los ciudadanos. Por ley, los gastos del sistema eléctrico no pueden superar a los ingresos. Si sucede, toca rascarse el bolsillo. Para 2018, sobre el papel, todo encaja. La orden de peajes del Ministerio de Energía para 2018 contempla 18.149 millones de ingresos y 18.147 millones de gastos. Algo menos de dos millones de superávit para el sistema. Pero hay cinco sombras, cinco puntos oscuros, que pueden afectar tanto a los ingresos como a los gastos previstos, descomponer el sudoku y elevar la tarifa eléctrica.

El Gobierno, por cuarto año consecutivo, ha decidido congelar la parte regulada del recibo (los peajes) en 2018. Eso no quiere decir que la tarifa eléctrica de los 12 millones de consumidores acogidos al precio regulado (el PVPC) se congele también. Los peajes son sólo una parte de la factura, en torno al 40%, el resto depende de los precios de la energía.

Por eso es tan importante que no se rompa el equilibrio y que no se confirmen las amenazas que penden sobre el sistema. Por el lado de los ingresos, según  los analistas, esas amenazas son, principalmente, tres: los continuos recursos de las empresas, los posibles cierres de plantas nucleares y de carbón no rentables y el autoconsumo.

El lado de los ingresos

Como ejemplos de últimos recursos que pueden afectar a peajes y tarifas están el interpuesto por las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) contra el decreto y la orden ministerial del bono social y el que ha recalado en el Tribunal Supremo a iniciativa de Gas Natural Fenosa, que reclama 400 millones por el parón de las centrales de gas.

El hipotético cierre de centrales no rentables también está sobre la mesa. El Ministerio de Energía ha elaborado un decreto que reserva al Gobierno la última palabra, pero Iberdrola y Endesa han planteado la cuestión de forma abierta en el caso del carbón. El cierre de plantas tendría impacto en el equilibrio del sistema. Según el ministro Álvaro Nadal, el coste de cerrar centrales térmicas sería "estratosférico". 

En el caso de las nucleares, el hipotético cierre, implicaría una importante merma de ingresos. En la reforma de 2013 se aprobaron tributos energéticos sobre el valor de la producción de energía eléctrica (un 7% de los ingresos obtenidos por las generadoras); sobre el combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y sobre el almacenamiento de combustible y residuos. En euros contantes y sonantes, entre 1.500 y 1.800 millones anuales.

El autoconsumo que impulsa el Parlamento Europeo y que en España encuentra obstáculos, también puede afectar al sistema eléctrico en el supuesto de que el Gobierno se vea obligado a abrir la mano. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha explicado que el Gobierno está “abierto a la eliminación de las trabas administrativas” en el autoconsumo. Con un pero. "Los costes del sistema -sostiene Navia- son materia irrenunciable”.

Para la asociación fotovoltaica UNEF, el impacto sobre los costes sería prácticamente inapreciable: apenas un 0,02% de menores ingresos, unos 4,1 millones de euros.

También en los gastos

Pero ¿qué sucede en el lado de los gastos? De nuevo, sombras. Fundamentalmente, según los analistas consultados, dos. Por un lado, los pleitos internacionales y, por otro, lo que pueda suceder con los pagos por capacidad, el dinero que cobran determinadas instalaciones de generación para asegurar que están disponibles cuando sean necesarias.

En los pleitos internacionales pendientes destaca su cuantía. Los inversores -fondos extranjeros- reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.

Es una cantidad que no sólo afectaría a la cuentas del sistema eléctrico, sino a las mismas cuentas del Estado. Entre los cerca de 40 pleitos destaca, según precisó el mismo Gobierno en respuesta parlamentaria, el de mayor cuantía es el planteado por The PV Investors (sociedad que engloba a varias empresas energéticas) ante el tribunal de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.

Sobre los pagos por capacidad pende la polémica sobre los cierres de instalaciones y las fórmulas que baraja Energía para asegurar su actividad en caso de solicitud de cierre, mediante colocación en subasta u otras fórmulas. 

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