La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Zero Electrum con 350.000 euros y a Catgas Energía con 150.000 euros como responsables de una infracción grave de las tipificadas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Es decir, la multa asciende en en su conjunto a los 500.000 euros.
El artículo 65.25 de la Ley del sector eléctrico señala entre las infracciones graves el incumplimiento por parte de las empresas comercializadoras de electricidad de la aplicación de cualquiera de las medidas de protección al consumidor establecidas en la regulación sectorial. Entre estas medidas de protección se incluyen todas las que garantizan su derecho a elegir suministrador y a recibir información transparente sobre las condiciones de suministro.
Zero Electrum fue inhabilitada para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica por la Orden IET/530/2016, de 7 de abril, que también acuerda el traspaso de sus clientes, en su caso, a un comercializador de referencia. Sin embargo, esta sociedad procedió, de acuerdo con Catgas Energía, a traspasar a sus clientes de forma masiva a esta última, vulnerando así las medidas de protección al consumidor que establece la ley relativas a la formación de la voluntad de los consumidores a los efectos de contratar el suministro.
Esta resolución puede ser recurrida por ambas eléctricas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Competencia ha aprovechado para recordar que en 2017 sancionó a Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Naturgy Energía y Viesgo Energía por incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. Además, en marzo de este año Endesa Energía recibió una sanción de 300.000 euros por la misma infracción, al recibir la CNMC la denuncia de un consumidor, a través de la Asociación de Consumidores FACUA-Consumidores en Acción, que reclamaba que le habían cambiado de compañía eléctrica (comercializador de electricidad) sin su consentimiento.
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