En un momento en el que se debate sobre cuáles serán las tasas aeroportuarias en España para las aerolíneas durante el próximo quinquenio 2022-2026, la Comisión Europa sigue sin estar convencida del método utilizado en España para diseñar este sistema, en el que se ha puesto en entredicho el papel de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y el del Ministerio de Transportes (MITMA). Pese a atender a las explicaciones del Gobierno, Bruselas mantiene desde 2017 un proceso de infracción abierto por la transposición europea en esta materia.
A través del DORA, el marco de referencia en el que participan las compañías del sector y el supervisor del mercado, el Gobierno marca a Aena cuáles serán sus ingresos regulados -aproximadamente el 70% del negocio total- durante un periodo de cinco años. Pero Europa ya ha advertido de que ese sistema hace agua, por lo que en 2017 envió un pliego de cargos a España por su sistema de tasas aeroportuarias, dando así el primer paso en la apertura de un procedimiento de infracción. Bruselas daba un margen de dos meses al Gobierno para justificarse, si bien dicho plazo ya venció sin que trascendiera ninguna novedad.
Fuentes comunitarias explican a La Información que el proceso de infracción sigue abierto más de cuatro años después, pese a que el Ejecutivo afirmase en 2017 que iba a "trabajar conjuntamente con los responsables de la Comisión Europea para explicarles en detalle cómo funciona el marco regulatorio". Desde el Ministerio de Transportes, en aquel momento Ministerio de Fomento, añadieron que entendemos que su sistema era "totalmente compatible con la citada directiva de tasas aeroportuarias". La Comisión Europea tiene reservas sobre si realmente la CNMC tiene poderes de supervisión independiente y de si la fase de consulta a usuarios aeroportuarios tiene realmente efecto.
Europa ha agotado ya una de las cuatro etapas contra España
El proceso avanza ahora hacia la elaboración de un dictamen de la Comisión Europea, como así ordena el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En concreto, si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
El caso puede ir a mayores. Si las explicaciones del Gobierno siguen sin convencer y si el Ejecutivo no atiende a las directrices de Bruselas, el expediente puede terminar en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría acabar fallando contra el país con una sanción millonaria. Actualmente se ha agotado una de las cuatro etapas que la Comisión Europea establece para este tipo de conflictos.
A las puertas del nuevo DORA
Mientras Europa se decide a tomar una decisión, el Gobierno ultima el diseño del próximo DORA. Tras atender a las observaciones de Aena y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Transportes, tiene menos de dos meses de plazo (hasta el próximo 30 de septiembre) para pronunciarse y declinar la balanza. En el primer DORA ya concluyó que las tasas deberían reducirse en un 11%, cifra menor a la que pedían los operadores de la red de Aena.
El proceso ha vuelto a enfrentar al gestor aeroportuario y al supervisor del mercado. Mientras el primero defiende una subida de las tasas a las aerolíneas del 3,29%, el segundo critica sus argumentos concluye que las tasas no solo no deben subir, sino que deben rebajarse en un -0,44% hasta 2026. El recorte de la CNMC, no obstante, vuelve a ser menos brusco que el solicitado por las aerolíneas, que piden una rebaja del 3,29%.
Otras infracciones
España ha llegado incluso a recibir sentencias desfavorables por parte del TJUE al agotar todas las vías y no atender al Ejecutivo comunitario. El caso más reciente y sonado fue la condena en materia de incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, por la que se condenó a España a una multa de 15,5 millones y otros 89.548,20 euros por cada día de retraso sin rectificar. Se trataba de un caso inédito, pues nunca antes se habían impuesto ambos tipos de sanción simultáneamente en toda la historia comunitaria.
La memoria anual de la Comisión Europea refleja que durante 2019 el Gobierno recibió distintas advertencias. Entre los casos descritos, la Comisión llevó a España, junto a otros dos Estados miembros, al Tribunal de Justicia por niveles excesivos de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre en el aire. También recibió la apertura de un procedimiento de infracción por una mala aplicación normativa sobre el número de emergencias 112 y tomó medidas contra el país por no implementar cambios en el sistema de intercambio automático de información fiscal.
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