Las gasolineras 'low-cost' se dividen antes de la batalla judicial por el bono

El sector de las estaciones de servicios se encamina hacia una gran batalla judicial contra el Gobierno por el bono de descuento de 20 céntimos por litro, que entró en vigor el pasado 1 de abril y las gasolineras 'low-cost' parece que acudirán a la cita divididas. El último comunicado emitido por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) asegurando que tras los primeros días de aplicación del descuento el caos en "muchas pequeñas y medianas empresas es ya un hecho incontestable". No obstante, aunque el malestar es patente en una gran parte de la geografía española, no todas las empresas que se agrupan bajo las siglas patronales han querido elevar el tono beligerante contra Sánchez. 

Ballenoil y Plenoil han sido las dos franquicias que se han desmarcado de lo acordado entre el resto de compañías que conforman Aesae, que aseguran que, bajo las condiciones actuales, se encuentran ante la "imposibilidad de aplicar" el RD-L 6/2022, en el que se establece el bono aprobado por el Consejo de Ministros para dar un balón de oxígeno a los consumidores por los altos precios que marcan los surtidores tras el estallido de la guerra en Ucrania. "Somos colaboradores de la Administración pero no tenemos los recursos para ser su banco", esgrimen marcas líderes en el segmento de precios más bajos como Bonaerea, Petroprix o Petrocar, entre otras. 

"La situación que nos encontramos en este momento está destruyendo la competencia en un sector claramente oligopolístico, no solo por la pérdida de liquidez, sino también por la venta en poste de los Operadores por debajo que el precio de coste a mayoristas como son nuestros socios", inciden, en una situación que han definido como una"pinza" que los asfisxia tanto a nivel financiero como a nivel económico. Sobre todo por las rebajas que sí están aplicando los grandes operadores, que están ofreciendo incluso descuentos que van hasta los 30 céntimos por litro. 

Mientras tanto, los movimientos se suceden en otro de los grandes actores del sector. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (Ceees) ha sido la primera asociación empresarial en anunciar el comienzo del pleito legal con el Ejecutivo. Con plena unanimidad en la Asamblea General, y pese a destacar que comparten el objetivo de la medida, sus asociados se han posicionado claramente en contra de la "forma en la que se ha diseñado y ejecutado". "La inseguridad jurídica a la que nos vemos sometidos es tal que los empresarios del sector aún no sabemos de qué modo hemos de realizar las liquidaciones mensuales de las cantidades vendidas durante el periodo de vigencia de la medida", añaden. 

El director general de Ceees, Nacho Rabadán, ha señalado que aunque los primeros pagos han llegado, estos no se están produciendo al total de los solicitantes. "Muchos lo piden pero el sistema no les deja porque da error", ha advertido. Rabadán ha señalado que se trata "de un problema serio", porque el diseño de la herramienta informática habilitada para los anticipos es "muy cerrado" y las empresas con dificultades para solicitarlos siguen viendo cómo se agrava su situación de liquidez conforme pasan los días al tener que seguir aplicando la rebaja de 20 céntimos por litro.

Por su parte, el Ejecutivo ha esgrimido que se han alcanzado las 3.600 órdenes de pago destinados a la financiación del bono en las pequeñas y medianas gasolineras, por un importe que alcanzaría los 220 millones de euros, según ha transmitido el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. De ser ciertas, estas cifras supondrían que se han atendido cerca del 90% de las peticiones de pago de las estaciones de servicio. De esta forma, la Agencia Tributaria ha señalado que el dinero ha tenido que empezar ya a llegar sus beneficiarios.