Iberdrola da por hecho que podrá compensar el impuesto energético mediante las deducciones impulsadas por el Gobierno y el PNV. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán presentó este miércoles el informe de resultados del primer trimestre y solo hace referencia -en sus más de 90 páginas- a que la partida de tributos bajó respecto al mismo periodo del año pasado principalmente por el menor gravamen sobre las ventas, sin especificar la cantidad. Sin embargo, sí que incluye en un pie de página de la presentación remitida también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la tasa extra se situará en 157 millones de euros.
"El impuesto sobre ventas del 1,2% en España se incluye en Corporación mientras que, a efectos de presentación, aparece en Producción de Electricidad y Clientes en España (-157 M Eur) porque solo afecta al negocio de Producción de Energía y Clientes", justifica la empresa en el documento. No obstante, Sánchez Galán fue preguntado en una conferencia con analistas por las posibles deducciones a las inversiones estratégicas que anunció el Ejecutivo como vía para mitigar el impacto del impuesto y el directivo respondió de la siguiente manera: "No tenemos noticias, pero pensamos que las inversiones pueden ser deducibles según lo anunciado por el Gobierno. Este impuesto ya es deducible para nosotros porque tenemos nuestra sede fiscal en el País Vasco".
En concreto, el Ejecutivo abrió una vía para modificar el impuesto dentro de la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 introduciendo un incentivo que resultaría de aplicación para las inversiones estratégicas realizadas desde el 1 de enero de 2024, si bien los Presupuestos han sido prorrogados. También pactó con el PNV integrar tanto el impuesto a las energéticas como a la banca en el régimen foral de las comunidades Vasca y Navarra.
Las empresas trabajan con los partidos
En este sentido, y pese a que el Gobierno renunció a los PGE y sigue estudiando la fórmula legal para aprobar las deducciones, Iberdrola ya estaría contando con las deducciones al ser su aplicación -cuando entre en vigor- desde el 1 de enero del presente ejercicio. La Información tiene constancia en fuentes del sector de que las empresas están trabajando con los partidos para implementar su aplicación. Fuentes fuentes gubernamentales aseguran que el objetivo es cumplir con las modificaciones anunciadas para el impuesto.
El Gobierno podría usar la misma fórmula que ha permitido modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades con una enmienda al Anteproyecto de Ley que tiene origen en el RDL 8/2023. Es decir, que el Ejecutivo puede hacerlo a través de otra ley siempre que tenga los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarla. Sumar, socio de Gobierno del PSOE, ha criticado que la formación socialista y el PNV pretendan suavizar el gravamen extraordinario al sector.
La partida de tributos de Iberdrola baja un 11% en el trimestre
Continuando con eléctrica con sede en Bilbao, el informe de resultados correspondiente al primer trimestre de este año refleja que la partida de tributos se situó en 1.053,2 millones de euros entre enero y marzo, un 10,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio precedente, sobre todo por el menor gravamen sobre las ventas como se citó al principio y por el fin de la minoración de la retribución por el precio del gas, que introdujo el Real Decreto-ley 17/2021 y que dejó de estar en vigor desde el 1 de enero de este año.
El tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo que facturasen más de 1.000 millones en 2019. De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa lo han recurrido. La más afectada en ha sido Repsol, que por su tamaño en España registró contablemente en la última liquidación un impacto de 444 millones. Le sigue Cepsa, con 323 millones, y Naturgy, que ha calculado unos 300 millones -entre los dos años que estaría en vigor en un principio-, mientras que Iberdrola, con 216 millones, y Endesa, con 208 millones, han sido las menos perjudicadas.
La tasa extraordinaria a las energéticas fue aprobada a finales de 2022 por una una vigencia de dos años para incrementar la contribución fiscal del sector en un momento en el que, según el Gobierno, los precios altos de la electricidad y el gas generaban unos beneficios extraordinarios que las empresas negaron. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, también hizo ayer mención al gravamen en la junta general de accionistas. "Quiero incidir en que mantener un gravamen extraordinario detrae opciones a nuestra capacidad para invertir y para afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética. Además de ser un agravio comparativo y competitivo en el marco del derecho europeo", subrayó.
