El adelanto electoral en Cataluña y la convocatoria tanto de estos comicios como de los vascos, con las dificultades que entrañaría negociar para sacar adelante las cuentas públicas con los socios directamente implicados en ambas citas, ha llevado al Gobierno a renunciar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 para centrarse ya en las cuentas de 2025. Sin embargo, a lo que no ha renunciado el Ejecutivo es al compromiso anunciado con las energéticas para aliviar el impacto del impuesto extraordinario. Ese adelanto electoral ha vuelto a trastocar los planes en Moncloa y ahora el Gobierno está obligado a mover ficha con rapidez para calmar el nerviosismo entre las empresas del sector.
El tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo que facturasen más de 1.000 millones en 2019 y a finales del año pasado se prorrogó por otro ejercicio más sin introducir cambios. No obstante, el Gobierno abrió una vía de escape para las compañías: 'rebajas' en la cuota íntegra por inversiones en proyectos estratégicos. En un principio, la idea era introducirlas a través de las cuentas públicas, pero el terremoto político en Cataluña cambió todo.
La renuncia a los PGE deja muchos asuntos en el aire, pero fuentes gubernamentales aseguran a La Información que el objetivo es cumplir con las modificaciones anunciadas para el impuesto -que también afecta a la banca-. Las mismas fuentes subrayan que el incentivo no tiene por qué formularse únicamente a través de los PGE, sino que hay más alternativas.
La disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 8/2023, que ahora está en proceso de aprobación como Proyecto de Ley, estableció lo siguiente: "Se prorroga a 2024 la aplicación de los gravámenes aprobados por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias, sin perjuicio del establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación en el sector energético para las inversiones estratégicas realizadas desde 1 de enero de 2024 y de la revisión de la configuración de ambos gravámenes para su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024 y se concertarán o conveniarán, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra".
Incluirlo en otra ley si cuenta con los apoyos parlamentarios
De esta manera, se daba cumplimiento a lo previsto en el artículo 134.7 de la Constitución Española, es decir, que la Ley de PGE no puede crear tributos, sino que podrá modificarlos cuando una norma sustantiva así lo prevea. Así, al no haber cuentas de 2024 y mantenerse prorrogadas las de 2023, la aprobación de este gravamen (convertido en impuesto) de cara al ejercicio 2025 requiere tramitarlo en otra norma con rango de Ley.
Fuentes del sector señalan a este medio que una de las vías que podría emplearse para hacerlo es la misma fórmula que ha permitido modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades con una enmienda al Anteproyecto de Ley que tiene origen en el RDL 8/2023. Es decir, que el Gobierno tiene la vía para hacerlo a través de otra ley siempre que tenga los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarla. Sumar, socio de Gobierno del PSOE, ha criticado que la formación socialista y PNV pretendan rebajar el gravamen extraordinario al sector.
Por su parte, desde el sector energético vienen diciendo que ha sido el propio Ejecutivo el que se ha dado cuenta de que el pago del 1,2% detrae recursos para invertir y baja la rentabilidad de las inversiones, lo que no casa con el esfuerzo que se debe hacer por parte del sector privado para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). La mayoría de empresas calificó así de buena noticia el hecho de que se mitigara el efecto con incentivos a las inversiones en descarbonización.
El sector recurrió en bloque y espera una victoria
La tasa extraordinaria las energéticas fue aprobada a finales de 2022 por una una vigencia de dos años en principio para incrementar la contribución fiscal del sector en un momento en el que, según el Gobierno, los precios altos de la electricidad y el gas generaban unos beneficios extraordinarios que las empresas niegan. El sector recurrió el gravamen en bloque y confía en que la justicia, que rechazó la suspensión cautelar, le dé la razón. Tras la investidura de Pedro Sánchez una de las principales tareas del Ejecutivo ha sido relajar la tensión vivida con las energéticas en los últimos años.
La idea era evitar titulares con amenazas por parte de las compañías afectadas. Repsol ha sido la más dura y ha condicionado entre 2.000 y 3.000 millones de euros en el negocio industrial “a la evolución del marco regulatorio y fiscal en España”. De hecho, el consejero delegado de la empresa, Josu Jon Imaz, ha reconocido abiertamente que la empresa no tiene prisa por decidir las inversiones en España.
El presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, también ha dicho que mantener el impuesto extraordinario del Gobierno sobre los ingresos de las empresas energéticas "carece de sentido” y que “no tiene ninguna lógica”. De igual modo, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha manifestado que “no tiene sentido" y que "no es comparable con ninguno europeo”, mientras que su homólogo en Cepsa, Maarten Wetselaar, ha reiterado en distintas ocasiones que "está mal diseñado". El presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, ha sido el más cauto. Entre las cinco grandes energéticas abonaron por este concepto unos 1.400 millones de euros el curso pasado.
El complicado equilibrio entre los pactos con Sumar y con PNV
En diciembre fue el propio Pedro Sánchez quien anunció que la banca y el sector energético soportarían, como mínimo, un año más el impuesto extraordinario, que vencía en principio el día 31 de ese mes. El pacto para conformar un gobierno de coalición que alcanzaron el PSOE y Sumar incluía la prórroga indefinida de ambos gravámenes así como un endurecimiento de la tributación mínima del 15% en el impuesto sobre Sociedades. De hecho, la formación liderada por Yolanda Díaz ha sido muy clara en su exigencia de que la figura se haga permanente.
Sánchez y su vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, anunciaron el rediseño del tributo para que también pudiera ser gestionado y recaudado por las comunidades forales, como había reclamado uno de sus socios de investidura, el PNV, que debido a los intereses que multinacionales como Iberdrola y Repsol tienen en País Vasco, también había apostado por incluir las deducciones a las energéticas.
Las principales compañías del sector, esto es, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol y Cepsa, obtuvieron en conjunto el año pasado casi 10.500 millones de euros de beneficios. Esta cifra supone una reducción de sus ganancias próxima al 25% en relación a un año de récord histórico, 2022, en el que la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la energía.
