El concurso de acreedores de la startup de franquicias Jeff sigue su curso. Exempleados están llegando a acuerdos con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y la compañía para la devolución de una parte de los salarios pendientes y las indemnizaciones por despido. Y el juez de instrucción de Valencia ha vuelto a inadmitir la querella contra la cúpula de la startup de franquicias al entender que esto es un conflicto de carácter puramente laboral. El equipo legal que asesora a una parte de la plantilla anunció que volvería a recurrir, mientras que se sustancia todo el procedimiento concursal de fondo.
En el mes de abril de este año, antes de que se declarara el concurso, una parte de la plantilla decidió acudir a un juzgado de instrucción de Valencia para reclamar daños y perjuicios al equipo directivo de la empresa a través de una querella por delitos contra los derechos de los trabajadores. El juez decidió inadmitirla a trámite, al considerar que sólo hay incumplimiento de pago de salarios. Los abogados creen que existe una responsabilidad después de meses prometiendo la llegada de dinero de la ronda de financiación que finalmente no se ejecutó. En el auto fechado a finales de mayo, se descarta abrir esta vía que conllevaría una investigación más a fondo.
Tal y como confirman fuentes conocedoras, a finales del pasado mes de septiembre se comunicó a los exempleados implicados que tampoco se ha admitido el recurso de reforma interpuesto ante el auto de inadmisión por el juez de instrucción. El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso. Las razones que esgrimen son prácticamente las mismas: es una cuestión de carácter exclusivamente laboral. El plan pasa por presentar un recurso de apelación. Estos no son los únicos procedimientos abiertos. La compañía se ha enfrentado a otros por supuesta estafa en los tribunales, tanto en España como en otros mercados de Latinoamérica.
Más allá de las querellas, decenas de exempleados buscan recuperar al menos una parte de los salarios impagados y de la indemnización pendiente tras los dos expedientes de regulación de empleo (ERE) ejecutados. Según explican las mismas fuentes, se están pactando entre todas las partes (administrador concursal, Fogasa y empleados) acuerdos de cantidades. En algunos casos, por ejemplo, se están firmando sólo un máximo de 10.000 euros en sueldos y de 30.000 euros en indemnizaciones.
En la mayoría de los casos habrá pérdida respecto al total que le correspondería en condiciones normales. A extrabajadores que se mantuvieron durante los meses en los que no se cerró la ronda -ni se planteó ninguna medida alternativa u operación de deuda para salvar la situación- se les llegaron a adeudar hasta diez mensualidades. En septiembre de 2022 se dejaron de abonar, decisión que era justificada internamente por el consejero delegado, Eloi Gómez, y su equipo en la falta de liquidez ante el retraso de una ronda que no llegó. En febrero de este ejercicio 2023, pese a no estar completamente cerrada la transacción y con reticencias internas, se anunció la llegada de unos 100 millones de dólares principalmente por dos inversores internacionales: Prism Ventures y uno llamado Orra. Siguieron las excusas hasta que en mayo se declaró el concurso.
La mayor parte de la plantilla ha sido despedida. El procedimiento sigue su curso. Se solicitó el pasado 19 de mayo y se autorizó. El bufete designado para la administración concursal era Pkf Attest. Desde esa fecha no ha habido ninguna novedad al respecto, ni si se va a llevar a cabo una liquidación relativamente rápida de los activos. Lo que también habrá que determinar es si se declara como concurso culpable por parte del juez (lo que implicaría responsabilidades de los administradores) o si se limita a concluir que fue fortuito.
Sin cuentas
La empresa no presenta cuentas desde el ejercicio fiscal 2020, último disponible en el Registro Mercantil. Pero en la negociación del despido colectivo (ERE) que ejecutaron en 2022, aseguraron a la plantilla que en 2021 las pérdidas consolidadas de todo el grupo se duplicaron hasta los 22 millones de euros con unos ingresos de algo menos de 6 millones. Entre enero y octubre de 2022, la cifra de negocio era de 4,8 millones y las pérdidas superaban los 15,5 millones.
En las anteriores rondas han participado fondos nacionales como Mundi Ventures o All Iron Ventures, inversores como el propio Juan Roig (a través de su brazo inversor Angels Capital) junto con otros como el estadounidense FJ Labs, presente en numerosas startups españolas. A estos hay que sumar también el brazo de capital riesgo de Delivery Hero -el dueño alemán de la también española Glovo-, que aterrizó también en la firma. El reparto accionarial concreto es una incógnita.
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