Duro Felguera vive momentos de volatilidad e incertidumbre. Asistida con la primera inyección millonaria de la SEPI, el grupo de ingeniería asturiano tiene deberes por delante que terminar si quiere recibir el segundo tramo de este paquete de ayudas. Dicha tarea atañe al consejo, quien busca desde hace meses -sin éxito- la entrada de un inversor con vocación industrial para dar continuidad al proyecto. Pero el tiempo corre sin despejar las dudas sobre la supervivencia de la compañía, lo que ha llevado a los accionistas minoritarios, que se han agrupado en una sindicatura con la que quieren representar a aproximadamente el 5% del capital e influir en la toma de decisiones, a apremiar a los principales responsables para que cumplan con su misión.
Así lo van a hacer en los próximos días, de acuerdo a fuentes de la agrupación consultadas por La Información. El grupo que capitanea el abogado Eduardo Breña ultima esta semana una carta al consejo de la compañía con sede en Gijón (Asturias), para pedir celeridad y eficacia en las metas que la compañía dirigida por Jaime Argüelles, ex director general de Ence, tiene marcadas en lo que respecta a posibles nuevos inversores y entidades acreedoras. "No podemos permitirnos como empresa, si queremos tener futuro, no reactivar la contratación con urgencia", explican las mismas voces consultadas. "La sindicatura debe exigir y participar en la toma de las decisiones fundamentales para el futuro de Duro Felguera”, añaden.
Ahora mismo, la SEPI debe decidir si habilita o no la segunda parte del rescate a la compañía. La primera, que ascendía a 40 millones de euros entre préstamos ordinarios y participativos, ya fue subsanada en marzo de 2021, seis meses después de solicitar la ayuda ante el organismo dirigido para el Ministerio de Hacienda. La segunda parte de este rescate, no obstante, está condicionada a una serie de requisitos que la compañía todavía no ha podido cumplir. Estas condiciones deberían haberse acreditado en un primer momento antes del 30 de junio. La incapacidad para hacerlo llevó a Duro Felguera a pedir dos prórrogas. La primera hasta el 30 de septiembre y la segunda, confirmada recientemente, hasta el último día del próximo mes de noviembre.
El motivo principal que encalla la resolución de la ayuda de la SEPI es la ausencia de ofertas formales por la compañía. La entrada de un nuevo inversor supondría un seguro para responder a la devolución de las ayudas, además de un compromiso de apoyar la compañía a través de una ampliación de capital de 30 millones de euros -condición fijada en el acuerdo-. Solo ambos extremos abrirían a la SEPI a cerrar los flecos de las ayudas restantes, que suman 80 millones de euros de los 120 acordados. La aparición de un inversor también calmaría a la banca acreedora (Liberbank, BBVA, Bankia, CaixaBank, Sabadell y Santander), que debe decidir si refinancia la deuda de la compañía o la lleva a concurso.
Pero hasta el momento apenas han trascendido nombres de verdaderos interesados. El último ha sido el de Martín Buezas. Se trata del consejero delegado de Capital Energy, la empresa de renovables que paralizó este año su salto a bolsa este año. Sobre si Buezas puede ser la pieza necesaria para completar el puzzle de Duro, desde la sindicatura de accionistas prefieren no pronunciarse y limitarse a comentar que "son rumores" y "la empresa no lo ha trasladado". Otro nombre que apareció en el pasado como posible comprador fue el del empresario asturiano Blas Herrero, conocido por ser el dueño del grupo de comunicación Radio Blanca (DKISS y Kiss FM).
Situación crítica
Aunque la contrarreloj activada por la SEPI no finaliza hasta dentro de dos meses, el tiempo es oro para Duro Felguera. La falta de perspectivas golpea en todos los frentes, empezando por el bursátil. La acción de la empresa oscila en el parqué en los últimos días con gran volatilidad, lo que se interpreta desde la sindicatura como un movimiento especulativo. Los minoritarios temen un nuevo golpe en el valor de los títulos, que en los últimos años han vivido sesiones negras.
Mientras tanto, los resultados no acompañan. Los últimos se publicaron la pasada semana y reflejaron una nueva caída en la cifra de negocio. De enero a junio, la merma de las ventas fue del 43,5%, hasta alcanzar los 40 millones de euros. La cifra contrasta enormemente con los 70,8 millones de euros que la compañía anotó en el mismo periodo del año previo, cuando ya no pasaba por su mejor momento. Los auditores tampoco han pasado por alto la situación. Deloitte, supervisora de las cuentas desde 2018 tras la última ampliación de capital, ha reconocido en el informe semestral remitido al regulador bursátil que los "retrasos" en la ayuda pública no ayudan en nada a la compañía. "Están afectando negativamente a las operaciones", reconocen en el documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De momento, las únicas buenas noticias llegan desde Asturias. El Ejecutivo regional acaba de confirmar su entrada en la operación con la inyección de seis millones de euros. Consciente del peso en la región, en la que cuenta con 900 de los 1.100 trabajadores de todo el grupo, el Gobierno de El Principado afirmó haber tomado esta decisión para "preservar las capacidades industriales y de innovación de la compañía" y empujar a que la empresa "recobre una posición competitiva en el mercado global".
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