Todo tiene un precio y levantar la barrera de los peajes para que al conducir por estas vías no sea necesario pagar no iba a ser gratis para todos. Alrededor de 1.300 empleos directos estarán en juego en los próximos dos años como consecuencia de la reversión al Estado de varias de las autopistas en las que es necesario pagar por pasar a día de hoy. A esta cifra habría que sumar varios cientos de personas más que dependerían de forma indirecta de estas compañías.
Los primeros afectados serían los trabajadores de Aumar, la compañía de Abertis -en manos de ACS y Atlantia- y que gestiona la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-7 entre Tarragona y Alicante. Esta filial de la concesionaria tiene 300 empleados y, tal y como señalan los sindicatos, está preparando un ERE que afectaría a la mitad de la plantilla una vez se termine el contrato concesional el próximo 31 de diciembre.
Los trabajadores de Aumar seguirán a los 111 empleados de Itínere que se vieron abocados al mismo final hace apenas unos meses cuando la AP-1 -que conectaba Burgos con Armiñón- volvía a manos públicas. Pero no serán los únicos, todo parece indicar que, a medida que vayan venciendo las diferentes concesiones irá sucediendo lo mismo, tal y como aseguran fuentes del sector.
Todo ello pese a que desde el Ministerio de Fomento indicaban, a la vez que se anunciaba este levantamiento de barreras, que este gesto no supondría pérdidas de empleo, dado que sus trabajadores se subrogarían en los nuevos contratos de conservación que se establezcan para mantener las vías. Pero no siempre ha sido así. Ya se ha visto con el caso de la AP-1 y se plantea muy similar en el caso de la AP-7 y la AP-4 en manos de Aumar -pese a que una parte de la plantilla realizará estos trabajos.
¿Quiénes serán los siguientes? Según parece por las diferentes manifestaciones públicas que han realizado distintos miembros del Ministerio de Fomento todas las vías que cuyos contratos finalicen hasta 2021 dejarán de ser de pago. Por ello, la próxima compañía que se enfrente a una situación similar será Acesa, también propiedad de Abertis.
A esta firma le corresponde la gestión de la AP-2 y un tramo más de la AP-7 que vencen ambos el próximo 31 de agosto de 2021. Esta compañía cuenta con 983 empleados cuyos puestos de trabajo también peligrarían, según señalan fuentes conocedoras de la situación, de confirmarse el levantamiento de barreras.
Por todo ello, los sindicatos ya se han puesto en guardia y tras la reunión mantenida con el Ministerio de Fomento por el caso concreto de Aumar, piden la puesta en marcha de una mesa sectorial. Según confirman fuentes sindicales, "si no hay una nueva estrategia con respecto a este tema, será necesaria para establecer un plan de empleo o de formación a futuro" de manera que se puedan salvaguardar los derechos de estos empleados.
Por ello, sindicatos, expertos y responsables de Fomento están de acuerdo en que es necesario un pacto a nivel general que "establezca el pago por uso" y que garantice una reconversión ordenada para empresas y trabajadores que forme parte de una estrategia global. "La música de lo que se está diciendo en el sector suena bien para el Ministerio de Fomento", decía hace unos meses Pedro Saura, Secretario de Estado de Infraestructuras siguiendo al titular de la cartera de Fomento que señalaba que las autopistas y autovías eran las únicas infraestructuras en las que no se pagaba por su uso y alentaba a abrir un debate sobre su modelo.
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