La petrolera estatal brasileña Petrobras podrá solicitar una nueva licencia ambiental para perforar en la desembocadura del río Amazonas después de que el órgano regulador se la haya negado. Los estudios presentados por la compañía fueron "insuficientes" para un área "sensible desde el punto de vista ambiental", ha explicado al canal GloboNews el presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), Rodrigo Agostinho.
El Ibama se enfoca "exclusivamente a los aspectos técnicos" y, en el momento, "no se siente confortable para aprobar cualquier actividad petrolífera en esa región", teniendo en cuenta los estudios entregados por la compañía para el pedido de licencia, según Agostinho. La principal autoridad ambiental del país negó ayer, miércoles, la licencia ambiental solicitada por Petrobras para explorar los yacimientos de crudo que se cree están frente a la desembocadura del río Amazonas por "inconsistencias preocupantes".
La licencia era la única autorización que le faltaba a la petrolera brasileña para comenzar con las perforaciones en el llamado Margen Ecuatorial, como es conocida la cuenca marina en el océano Atlántico situada frente a la desembocadura del Amazonas y que es considerada una prometedora reserva de hidrocarburos. En abril, los técnicos del organismo destacaron la necesidad de realizar una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria (AAAS por sus siglas en portugués), la cual nunca se ha hecho.
Este tipo de estudio es el que permite identificar cuáles serían las áreas afectadas por la explotación de crudo y gas "en razón de los graves riesgos e impactos asociados". La desembocadura del Amazonas es considerada una región de "extrema sensibilidad socioambiental" porque alberga reservas ambientales, territorios indígenas, manglares, arrecifes de coral; así como una variada diversidad marina con especies en peligro de extinción, como el delfín gris y el manatí.
El Margen Ecuatorial brasileño es una región en aguas profundas del Atlántico en la que Guyana y Surinam ya descubrieron reservas con hasta 13.000 millones de barriles de crudo. La concesión de la licencia había generado una división en el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ya que el Ministerio de Minas y Energía defendía la concesión del permiso y el de Medio Ambiente se oponía.
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