Pocas cosas hay más (políticamente) sensibles que el recibo de la luz. Aunque la mayoría de los usuarios están en el mercado libre, la tarifa regulada (PVPC) afecta aún a 11,3 millones de clientes y sigue siendo un asunto delicado para el Gobierno. Las espectaculares subidas de los últimos meses y especialmente en agosto han alarmado a la opinión pública y han obligado al Ejecutivo y al Ministerio de Transición Ecológica a anunciar una reforma del sistema de fijación de precios.
Todo está sometido a revisión, desde el funcionamiento del mercado mayorista (pool eléctrico) a la vinculación del recibo regulado -el PVPC- y a las oscilaciones de precios cada hora. El Gobierno ha prometido abordar “los cambios estructurales” que sean necesarios para hacer frente a la continua subida de precios.
No va a ser una tarea fácil. Tanto las empresas del sector como fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), consultadas por La Información, consideran muy complicado reformar el engranaje de fijación de precios que comenzó a tomar forma en 1997 con la liberalización del mercado eléctrico, la puesta en marcha en 2007 del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) con Portugal y la constitución de OMIE, las sociedad hispano-portuguesa que gestiona el mercado mayorista eléctrico.
Comparecencia en el Congreso
Todo se examina. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera comparecerá en el Congreso el día 19 y para entonces quiere tener claras las líneas de acción. No está claro, sin embargo, si para esa fecha habrá anuncios de medidas concretas. Pero ya habrá conclusiones sobre si es posible cambiar un sistema de fijación de precios marginalista, en el que el precio final lo fija la oferta más cara que entra en el mercado, lo que es bueno para las compañías de electricidad, pero no tanto para usuarios y consumidores. Es algo complicado porque el sistema marginalista se utiliza los mercados europeos y habría que hilar muy fino en los cambios.
Es un sistema, además, que amplifica la volatilidad de los precios. El exministro de Industria del PP, José Manuel Soria, eliminó en diciembre de 2013 las subastas trimestrales que marcaban el precio de la energía para la tarifa regulada. Pasó a un sistema con variaciones de precios diarios y de cada hora para los contadores inteligentes. Era algo que en teoría iba a beneficiar al consumidor. Pero las circunstancias entonces eran otras: había más agua y los precios estaban contenidos.
La teoría sostenía que con el nuevo sistema y los nuevos contadores inteligentes, los usuarios podrían elegir las horas con los precios más bajos y ahorrar en la factura. En la práctica, según la CNMC, el 70% de los hogares desconoce si está en el mercado libre o paga la tarifa regulada y un 41% no sabe ni la tarifa ni la potencia que contrató.
Respecto al sistema de fijación de precios, el Gobierno cuenta con la opinión de los expertos que convocó el PSOE para elaborar la estrategia de transición ecológica. En su informe, los expertos destacan que "los precios de este mercado (tal y como está ahora diseñado) no revelan adecuadamente los costes de las mismas".
Exceso de ingresos
Es un mal montaje con beneficiarios. Según el documento del PSOE, con el sistema actual, "el parque histórico de generación (nucleares e hidroeléctricas), ha sido sobreretribuido por un importe que, dependiendo de los precios del mercado cada año, ha variado entre los 1.000M€ y los 3.000M€/anuales".
La evolución de los precios en el mercado mayorista no es exclusiva de España. La carestía afecta también a otros países europeos por circunstancias como la subida en el precio de los derechos de emisión. Pero hay alguna diferencia. Según datos de la oficina estadística europea Eurostat, la alteración del precio de la electricidad en España es más agresiva que en el resto de los 28 Estados de la UE.
Así lo detallaba un trabajo de investigación de la Facultad de Empresariales Universidad de Comillas: los precios de la electricidad sufrieron un incremento entre 2008 y 2015 en promedio en los 28 Estados de la UE del 31,77%. Pero en España fue del 69,03%. Por encima de Francia (33,88%) y Portugal (53,78%). Para reflexionar.
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