Emilio Saracho señala a la antigua cúpula de Banco Popular, encabezada por Ángel Ron, como responsable de los problemas que ocasionaron la resolución de la entidad el 6 de junio de 2017. En su primera declaración ante el magistrado José Luis Calama Teixeira, el que fuera el último presidente del banco antes de su compra por parte de Banco Santander ha apuntado que el valor de los inmuebles de la entidad estaba inflado y que el exCEO, Francisco Gómez, fue el responsable de la financiación para la compra de acciones en la ampliación de capital de 2016, una operación que, a su parecer, tenía que haber sido de 8.000 millones y no de 2.500 millones.
Según sostienen fuentes presentes en el interrogatorio, Saracho, que ya dio su versión de los hechos en el Congreso de los Diputados, ha incidido en su declaración ante el juez en que confiaba que el encargo que hizo nada más llegar a la entidad a Carmen Riveras, -directora de riesgos- para la retasación de 80.000 inmuebles generase "buenas noticias" y diese algo de oxígeno al banco gracias a la evolución positiva que estaba demostrando el mercado de la vivienda por aquel entonces.
El objetivo de esta retasación de inmuebles era conocer realmente el valor del activo del Popular de cara a la venta del banco a un competidor -una opción que Saracho consideraba difícil pero que barajó desde el inicio-. El proceso, no obstante, resultó insatisfactorio, pues encontró un agujero que obligaba a realizar provisiones por importe de unos 2.000 millones de euros, algo que ya puso de manifiesto el Banco Central Europeo (BCE) en una inspección sobre los activos adjudicados de la entidad cuyos resultados transmitió verbalmente al banquero antes de la resolución de la entidad.
Saracho siempre ha defendido que la situación del banco era peor de la que esperaba antes de llegar a la presidencia. En su intervención en el Parlamento ya explicó que la sobrevaloración de los inmuebles impedía su venta. Y es que, al tener un precio de mercado inferior, si Popular comercializaba estas viviendas se tenía que anotar unas pérdidas que no podía asumir sin comprometer su solvencia. Es por ello por lo que el expresidente apostase por una nueva ampliación de capital -prevista para el 12 de junio- que no pudo llegar a puerto ante la falta de liquidez que provocó una fuga de depósitos de miles de millones de euros al día.
Muestra de que la falta de capital impedía la venta del ladrillo, es que el Santander tuvo que hacer una ampliación de capital de 7.000 millones para elevar coberturas y poder desprenderse de los activos. En concreto, el grupo cántabro vendió a una sociedad constituida con Blackstone (Quasar) activos con un valor nominal de 30.000 millones de euros con un descuento en el entorno del 70%. Tras una nueva retasación, no obstante, Quasar se apuntó el año pasado ganancias de 1.000 millones de euros.
Sea como fuere, en su declaración ante el juez, Saracho -que ha estado más comedido que en el Congreso, según los presentes- ha defendido sus 108 días de gestión en Popular y ha subrayado que la ampliación de capital de 2016 tenía que haber sido de 8.000 millones de euros y no de 2.500 millones. Según las fuentes consultadas, el banquero madrileño atribuye esta cifra a un déficit de capital de 5.500 millones de euros.
En lo que respecta al funcionamiento interno de la entidad, Saracho ha confesado que es consciente de que se produjeron filtraciones desde el interior de su Consejo de Administración pero no ha dado más detalles al respecto. Y es que el juez instructor ha incidido en esta cuestión ya que investiga a Saracho por un posible delito de manipulación de mercado por la presunta filtración de noticias que tendrían como objetivo hacer caer el valor de la acción para facilitar una operación corporativa.
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