La unidad de inteligencia financiera de España, el Sepblac, investiga alrededor de 200 vínculos con el régimen de Vladimir Putin. El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha trasladado a la autoridad supervisora información acerca de 122 personas físicas y de 23 jurídicas incluidas en las denominadas 'black list', así como de 36 inmuebles u otros activos pertenecientes a oligarcas o familiares de los mismos, según datos remitidos por el notariado a La Información.
Por el momento se han detectado en España quince oligarcas rusos y hasta 107 personas con nexos a ellos, de los que el 25% son familiares. A ellos se les asocian cerca de una treintena de propiedades, de las que al menos ocho son de propiedad directa de los sancionados. Además, existen diez personas jurídicas con nacionalidad española y vínculos a Putin, cinco de ellas relacionadas de forma directa, una de manera indirecta y cuatro por ser familiares de los 'perseguidos'. Empresas extranjeras se han descubierto trece y a ellas se les atribuyen siete activos.
En declaraciones a este periódico, Mariano García Fesno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Notariado, ha asegurado que España figura entre los países europeos que más bienes o activos ha bloqueado de las personas físicas o jurídicas que han sido incluidas en esa lista de sanciones. Todas estas notificaciones han sido remetidas por su departamento al Sepblac y a la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de dinero del Tesoro, puesto que colaboran de manera intensa y fluida desde 2005, aunque su relación se ha intensificado en este caso para detectar bienes de personas o empresas incluidas en las listas de sanciones financieras internacionales.
El notariado ha puesto en marcha un procedimiento especial para detectar operaciones anteriores a la invasión rusa sobre Ucrania con el fin de destapar bienes ocultos
Los notarios están obligados de la normativa de Prevención del blanqueo en todo el mundo, y como consecuencia de esa condición, tienen que impedir las operaciones que vayan a realizar ante ellos las personas incluidas en listas de sanciones financieras internacionales. Pero además de esa obligación genérica, la OCP ha puesto en marcha desde la aprobación de la persecución a ciudadanos rusos, un procedimiento para detectar operaciones notariales anteriores (legales en ese momento) que permitieran descubrir bienes a nombre de esos ciudadanos rusos, bien directamente o bien a nombre de familiares y allegados, así como a través de sociedades interpuestas de ambos.
Tras más de 100 días desde que Rusia abrió fuego contra Ucrania, los principales países de todo el mundo han ido imponiendo una serie de restricciones al país invasor con el objetivo de congelar lo máximo posible su actividad. Además de las restricciones económicas a las exportaciones o la penalización financiera a través del sistema Swift, se han elaborado diferentes listas negras que incluyen castigos individuales y contra empresas, entre los que se encuentran Alexei Mordashov, presidente de la compañía rusa de acero y minería Severstal, o Mijaíl Fridman, fundador de LetterOne, el holding dueño de los supermercados Dia.
Los movimientos del Kremlin y su círculo está siendo objeto de un enorme escrutinio. La banca también ha recibido el mandato de vigilar muy de cerca los pasos de los integrantes de las black list. Sus equipos están totalmente concentrados y adecuando a la carrera sus sistemas para no saltarse ninguna de las medidas del contraataque financiero, si bien existe un enorme 'rompecabezas' entre aquellas con una mayor exposición internacional. Entidades como BBVA, Banco Santander o Banco Sabadell (a través de su filial británica TSB) se enfrentan al caos que supone este desarreglo.
La banca ha reforzado sus departamentos legales y de compliance, y están en continuo contacto con las autoridades para asegurarse de que cumplen adecuadamente las sanciones. También han intensificado, por orden de los supervisores, sus marcos de apetitos al riesgo y de control para poder detectar y parar a tiempo cualquier operación dudosa que se 'cuele' en los sistemas. Una unidad efectiva de seguimiento es crucial, lo que a su vez desemboca en un reforzamiento de la gobernanza en general.
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