El Tribunal Supremo busca pasar la 'patata caliente' de las cláusulas suelo a Europa. El pleno de la Sala Primera ha deliberado durante varias horas sobre la macrodemanda interpuesta por Adicae y, tras examinar la solicitud de algunas de las partes recurrentes sobre la formulación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha considerado que podría ser pertinente su planteamiento, según un comunicado remitido por su gabinete técnico tras la finalización de la reunión.
De este modo, ha acordado abrir un plazo de alegaciones de diez días para que las partes se pronuncien sobre la conveniencia de elevar la cuestión prejudicial, un mecanismo accesorio a un litigio principal utilizado por los tribunales nacionales de última instancia cuando se trata actos no aclarados, con idea de garantizar una aplicación homogénea del derecho europeo y evitar interpretaciones distintas de una misma norma. Las preguntas que se pretenden remitir a Europa versan fundamentalmente sobre la acción colectiva.
Sus dudas están relacionadas con la compatibilidad entre el control abstracto que debe realizarse en una demanda colectiva de cesación y el examen pormenorizado, propio del control de transparencia, de la información suministrada, en cada caso, al consumidor sobre la carga jurídica y económica que la cláusula suelo puede producirle. También pretende buscar una respuesta sobre la dificultad para identificar al consumidor medio cuando se demanda a un gran número de entidades financieras predisponentes de las cláusulas, con las consiguientes y relevantes diferencias que puede haber entre los posibles grupos de consumidores afectados y sujetos concernidos.
La tercera incógnita que se le plantea es la posibilidad de acumular a una acción colectiva de cesación una acción restitutoria, que es uno de los elementos que diferencian las acciones ejercitadas en este caso de la que dio lugar a la sentencia del 9 de mayo de 2013 en la que se declaró la nulidad de las cláusulas suelo por falta de transparencia. En todo caso, los elementos vinculados a las limitaciones a la variación de los tipos de interés están claros, de forma que las preguntas surgen por el planteamiento de una acción de amplio alcance.
La autoridad judicial fijó el 9 de mayo de 2013 como fecha límite para reclamar las cantidades indebidamente cobradas, sin efectos retroactivos e independientemente de cuál sea la fecha en la que se firmó la hipoteca. Pero la Audiencia de Madrid antepuso la tutela judicial efectiva de los afectados por cláusula suelo frente a la cosa juzgada, destacando que la limitación en el tiempo impuesta por el Supremo equivale a privar a los consumidores que firmaron una hipoteca antes de esa fecha "del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que hayan abonado indebidamente a la entidad bancaria".
En realidad, estaba previsto que el Supremo se pronunciara el pasado 26 de mayo sobre este caso. No obstante, finalmente decidió avocar la pleno en una reunión que ha tenido lugar este miércoles 1 de junio. Desde el Alto Tribunal daban por hecho que no se iba a llegar a ninguna decisión la semana pasada, pues es habitual que este tipo de asuntos con tanta trascendencia se deliberen a un nivel superior.
Entre 1.000 y 3.000 euros por afectado
La macrodemanda interpuesta por la asociación en defensa de los usuarios financieros llegó a aglutinar a más de 200.000 afectados, si bien muchos han ido llegando a acuerdos extrajudiciales con sus entidades a medida que el proceso se ha ido alargando. Actualmente quedan alrededor de unas 8.000 personas convencidas de que la acción colectiva es la mejor vía para reclamar las cantidades cobradas de forma indebida. Se estima que cada cliente ha pagado entre 1.000 y 3.000 euros de más.
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