Llega la prueba de fuego para el Ministerio de Transportes. Este próximo 1 de febrero, el departamento dirigido por Raquel Sánchez tiene prevista la presentación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la nueva Ley de Movilidad, en la que se abordarán infinidad de novedades en la normativa. Y hay una que acapara verdaderamente la atención: la instauración del pago por uso en las carreteras españolas. Es una decisión sobre la que no se puede dar marcha atrás, aunque sí reconducir a lo largo del año tras consultar a todos los colectivos afectados por esta medida.
Las fuentes manejadas por La Información recuerdan que en la consulta previa, que recogió las distintas sensibilidades durante julio y noviembre del pasado año, se evidenció la disparidad de opiniones en torno a este punto. En el texto, el ministerio admitió tras analizar 650 propuestas que algunas aportaciones planteaban que las carreteras debían financiarse de manera extrapresupuestaria, pero otras rechazaban esta tesis "frontalmente o con matices". El listado de participantes estaba formado tanto por empresas como por asociaciones, profesionales independientes o ciudadanos, entre otros.
La previsión es que el ministerio se signifique por este modelo como ya lo ha hecho ante Bruselas en el Plan de Recuperación, para posteriormente desgranar la fórmula. En principio, en Transportes abogan por el pago por uso en las carreteras de alta capacidad de España, las que por su mayor uso evidencian la necesidad de cubrir los costes de mantenimiento. Los expertos del sector calculan que prescindir de un modelo de pago por uso ha ocasionado a España un déficit de mantenimiento que asciende ya a 8.000 millones de euros.
El contenido levanta muchísimas expectativas. Lo cierto es que Transportes publicará su anteproyecto con retraso, después de haber afirmado el pasado mes de septiembre que solo quedaban "semanas" para su presentación. Posteriormente, la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, dijo que la intención de su ministerio es presentar "en primera lectura" el anteproyecto de en un Consejo de Ministros de finales de 2021. Ninguna de las previsiones se ha cumplido.
De la viñeta al pago por kilómetro
El modelo a utilizar en las carreteras españolas será fundamental. Hasta ahora, la idea de Transportes era habilitar una etapa de transición en la que primero podría instaurarse el modelo conocido como viñeta y posteriormente pasar a un modelo de pago por kilómetro recorrido, en el que se diferenciaría entre colectivos (transportistas y turismos, por ejemplo). "Todas las posibilidades están abiertas", reconoció recientemente la propia ministra en una entrevista, en la que reiteró que el objetivo es terminar "con los históricos agravios territoriales" y ceñirse al principio europeo de "que pague quien contamina, quien usa la infraestructura y no todos los contribuyentes como ahora".
La ambigüedad de la ministra responde al enorme ruido que ha despertado esta medida, sobre todo teniendo en cuenta que su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, había dado pasos en el sentido contrario. Tras confirmarse que el pago por uso será una realidad, el Gobierno recibió muestras de disconformidad de distintas voces. Sin ir más lejos, Unidas Podemos, su socio de coalición, salió al paso y mostró su rechazo: "O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales", afirmó su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique.
Unidas Podemos se desmarcó de la idea del Gobierno de instaurar el pago por uso en las carreteras españolas
Tampoco gustó la idea a la oposición y a distintas autonomías. El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, afirmó que el Gobierno iba "tarde y mal", mientas que su homóloga en Galicia, Ethel Vázquez, pidió que las regiones tuvieran "voz y voto" para definir el proyecto. A ellos se sumaron colectivos como el Real Automóvil Club de España (RACE), que afirmó que el Ejecutivo "quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga". Ante el aluvión de críticas, Transportes ha reiterado que implementará la medida cuando logre un gran consenso en el sector. La ministra Sánchez es partidaria de centrarse en armar el plan a presentar ante Bruselas durante este 2022. Pero nada parece indicar que el modelo empezará a aplicarse durante este año, sino a partir del siguiente.
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