El sector aeronáutico ha sido uno de los más dañados por la pandemia del coronavirus y su actividad se ha visto paralizada durante muchos meses.
Madrid ha limpiado ya algo más de 3.000 calles, equivalente a 2.100 kilómetros, y ha recogido unas 3.700 toneladas de basura acumulada por no poder llegar los camiones a los contenedores.
En una resolución, el Ejecutivo justifica esta decisión en las "incertidumbres sobre el alcance de la nueva variante" de coronavirus.
El Consejo de Ministros ha acordado esta medida debido a la situación epidemiológica por la Covid-19 que vive el país extranjero ha obligado a mantenerla.
Fomento e Interior preparan convoyes para que las nuevas dosis de Pfizer que llegan este lunes estén en tiempo y hora en cada comunidad autónoma y no se frenen los planes de vacunación por su culpa.
Los productores españoles, que son de los más importantes de todo el mundo, destinan el 15% de este producto para el deshielo y tienen un nicho de mercado que se dispara en inviernos duros como el actual.
Los trabajos se centrarán en comunidades autónomas como Madrid, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, según publica el Boletín Oficial del Estado.
El PSOE apuesta por adaptar en la Ley de Vivienda el modelo de incentivos fiscales a propietarios que aplica Portugal y Unidas Podemos prefiere un impuesto a pisos vacíos o forzar a los bancos a alquilarlos.
En la actualización tarifaria no se incluyen las autopistas gestionadas por Seittsa, para las cuales siguen vigentes las tarifas aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de diciembre de 2018.
El sector, pese a no ser de los más afectados por la crisis generada a raíz del coronavirus, mueve ficha para lograr posicionarse en los nuevos proyectos que prepara el Gobierno para mantener su actividad.
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, fija la postura de la formación morada de centrarse en obligar de algún modo a los grandes tenedores de inmuebles a ponerlos en el mercado.
La última propuesta de decreto del Mitma permite a los jueces suspender desahucios de familias sin contrato de arrendamiento, durante tres meses o mientras dure el estado de alarma.
El calendario de quince días anunciado por Pablo Iglesias no se va a cumplir. El punto más polémico del pacto tiene que ver con la prohibición de lanzamientos a okupas que acrediten situación de vulnerabilidad.
Arranca en el seno del área económica del Ejecutivo la negociación de la nueva Ley de Vivienda que dará la posibilidad a comunidades autónomas y ayuntamientos de establecer límites a los precios en las ciudades.
El acuerdo entre la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Transportes mantiene la esencia de la enmienda que pactó UP con Bildu y ERC. El corte de suministros es la pugna que queda por resolver.
La medida afecta a los impagos de hipotecas, de alquileres y también a las okupaciones de familias vulnerables. El Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia segunda superan las diferencias.
Este plazo podrá ser ampliado hasta el 31 de agosto mediante orden ministerial previa, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La negociación en el Ejecutivo se atasca por las diferencias entre los socios. La duración de la prohibición, el papel de los servicios sociales y la diferencia con los pequeños propietarios de vivienda generan roces.
La negociación de los PGE ha abierto una grieta en la coalición. La enmienda antidesahucios con ERC y Bildu, los límites a los alquileres y la reforma laboral tensan las cohabitación. Moncloa está mediando.
A principios de año, en el peor momento de la primera ola de Covid-19, Norwegian pudo acceder ya a 3.000 millones de coronas noruegas (256 millones de euros) en préstamos garantizados por el Estado.
El Ministerio de Transportes pagará al administrador de infraestructuras ferroviarias por las pérdidas que tendrá por mantener los precios durante el año 2021, medida que se tomó para afrontar la pandemia.
Más de las tres cuartas partes de la inversión se destinará a material rodante: 300 millones a nuevas compras y otros 300 millones a mejoras de la flota ya existente.
El plan presupuestario adaptado representará una inversión 857 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 116,4% respecto al presente ejercicio.
Hacienda sube del 13,3 al 16,5% la asignación en las cuentas públicas a la autonomía, que sólo es superada por Andalucía, con el 17,7%. También será una de las comunidades más beneficiadas por el fondo de la UE.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana actualizará el Sistema de Índices de Referencia a finales de este año o principios del próximo, con datos de 2019, sin incorporar el impacto de la crisis Covid.
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