El Gobierno quiere evitar de nuevo cualquier nuevo enfrentamiento con los transportistas. En un momento en el que el sistema de pago por uso en carreteras sigue siendo una incógnita, el Ministerio de Transportes ha querido calmar las aguas y ha asegurado que los transportistas podrán repercutir los futuros peajes a los cargadores, sector con el que llevan enfrentados desde hace tiempo.
El ministerio dirigido por Raquel Sánchez ha tomado esta decisión porque el sector de los transportistas "está muy atomizado" y tiene "poca capacidad de negociación", según han trasladado fuentes del ministerio tras la presentación del anteproyecto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible. Aunque la nueva normativa apenas ahonda en el sistema de pago por uso que debe estar implantado en las carreteras de alta capacidad, sí especifica la necesidad de llegar a un consenso con todas las partes implicadas para acordar cómo financiar las carreteras españolas.
Con todo, el camino es largo. El Gobierno ha presentado este martes únicamente el anteproyecto de ley para su toma en consideración en primera lectura. Tras este primer visto bueno, el ministerio iniciará la tramitación del texto articulado con la apertura, en las próximas semanas, del trámite de audiencia e información pública. La remisión del texto al Congreso de los Diputados deberá llegar a finales de 2022, si bien la ley verá luz verde a partir del segundo semestre de 2023.
El compromiso de Transportes nace de las reuniones que tuvo con el sector el pasado 17 de diciembre entre el ministerio y el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Se acordó que se presentaría un estudio de alternativas y los mecanismos necesarios para que el coste de los nuevos peajes se traslade al precio del transporte de manera obligatoria. El Gobierno ha afirmado siempre a que la llegada de los nuevos peajes está condicionada a encontrar un consenso entre todas las partes implicadas, pero el compromiso con Bruselas en el plan de recuperación invita a pensar a que no habrá otro camino que olvidarse de la gratuidad en las carreteras españolas.
Más medidas
Las declaraciones del ministerio llegan el mismo día que el Gobierno ha aprobado una batería de medidas para el sector de transporte de mercancías por carretera, así como mejoras de las condiciones laborales de los conductores. Estas ayudas ya quedaron plasmadas en el acuerdo que se firmó con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) en diciembre y evitó un paro patronal en los días previos a Navidad.
Estas medidas están dirigidas a "equilibrar las asimetrías" entre los transportistas y los cargueros. La ministra Raquel Sánchez ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo es mejorar la posición y competitividad del sector, garantizar condiciones laborales adecuadas y garantizar la protección social para los conductores.
Sobre el futuro sistema de pago por uso en las autovías de alta capacidad de España, el Gobierno apenas ha avanzado novedades. La ministra ya avisó de que la Ley de Movilidad Sostenible no entraría en detalles sobre los peajes en las carreteras. El ministerio, por su parte, se ha limitado a recordar que la nueva normativa va a perseguir "una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras de transporte" y el empleo de "criterios de priorización para las inversiones que acometa la Administración General del Estado". No hay que olvidar que uno de los motivos por los que el pago por uso llegará a las carreteras españolas es el enorme déficit de mantenimiento que existe actualmente.
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