Quedan algo más de tres meses para la fecha marcada en rojo entre los dueños de licencias VTC en España. El próximo 30 de septiembre se cumple el periodo de gracia de cuatro años impuesto por el ‘decreto Ábalos’. Al día siguiente miles de autorizaciones en toda España, al margen de Madrid, están en un riesgo regulatorio claro. Las grandes flotas del sector tratan de presionar al Gobierno para que apruebe una moratoria y dé una patada adelante mientras el Tribunal Supremo espera respuesta de Europa para dar o no carta de naturaleza a las restricciones clave para este sector como la ratio de 1-30 o la precontratación de servicios. Y todo ello con parte del sector del taxi en guardia y amenazando con movilizaciones en un potencial ‘otoño caliente’ a las puertas del nuevo ciclo electoral.
El decreto que marca el paso en el sector fue aprobado el 29 de septiembre de 2018. La medida: si no existe una regulación específica de comunidades a este sector las autorizaciones se convierten en papel mojado pues sólo podrán operar en trayectos interurbanos (el 99% de sus servicios se hacen en ciudad). Cataluña fue la primera en imponer exigencias: 15 minutos de precontratación -con lo que finiquitan buena parte de los servicios en ‘app’- y la eliminación de la geolocalización. Le siguieron, con medidas similares y en regulaciones de urgencia, Aragón, Valencia o País Vasco. En algunos sectores de la VTC se defiende que estos ‘decretos ley’ regionales sirven para eliminar esa cuenta atrás de cuatro años. Pero existen muchas dudas jurídicas de que eso sea así y la inseguridad se acrecienta conforme pasan las semanas. Donde no existen es en Madrid, que acaba de aprobar sus reglas sin apenas restricciones para este vehículos (e, incluso, con algunas mejoras relevantes), lo que ha despertado duras críticas del sector del taxi.
A esas regulaciones de ‘urgencia’ no le han seguido nuevos decretos en el resto de comunidades -en Andalucía no se ha llevado a cabo ninguna-. Ahora, con los plazos casi agotados, las VTC incrementan la presión. Cabify, dueño de más de 2.500 licencias, salió al paso la semana pasada en boca de su consejero delegado y fundador, Juan de Antonio: “La ley de movilidad dice que en octubre las VTC están en riesgo de desaparecer”. Otras grandes gestoras de flotas también se han movilizado en los últimos meses, no sólo exigiendo una regulación ‘exprés’ sino, en su defecto, una moratoria aprobada por el Gobierno de más de un año para evitar el limbo regulatorio a partir de octubre. Sin embargo esto no ha acarreado ninguna medida concreta. Y las que se han planteado, al menos por ahora, han sido enfriadas.
La pasada semana se iba a celebrar una reunión de la subcomisión de directores generales de transporte de las comunidades con el Ministerio de Fomento. Los representantes de Cataluña y Valencia se planteaban incluir un punto en el orden del día para proponer una moratoria adicional al ‘decreto Ábalos’. La presión política y las advertencias de movilizaciones por parte del sector del taxi -desde Élite Taxi Barcelona se avisó que iniciarían marchas ese mismo día en las calles de la Ciudad Condal- llevaron a la desconvocatoria ‘in extremis’ del encuentro. Por tanto, por ahora no se ha puesto sobre la mesa del Gobierno esa extensión del plazo de cuatro años.
Bolt, rival de Uber y Cabify, aterriza en Barcelona a partir de este lunes y mete más presión a la Generalitat con la regulación de la VTC
Una pelea política
Como ha sucedido tradicionalmente, la regulación del sector de la VTC se ha convertido en una batalla política. Dentro del Gobierno, Podemos se ha mostrado muy favorable a la regulación férrea a este tipo de transporte en favor del taxi. Y a nivel regional, los grupos políticos independentistas -ERC y Junts- se plantean ganar tiempo en Cataluña con una moratoria, mientras que el Tribunal Supremo dilucida qué hace con las limitaciones ya impuestas a las VTC por la Generalitat y otras comunidades como la precontratación o la ratio de 1-30. Y a esto hay que sumar las elecciones municipales, regionales y nacionales del próximo año, ante las cuales los principales gobiernos tratarán de evitar cualquier movilización relevante en las calles.
El Supremo debe decidir sobre todas las restricciones relevantes al sector. Como adelantó La Información, reabrió el estudio de la ratio 1-30 y de otras limitaciones como la precontratación, tras recursos planteados tanto por asociaciones del taxi como por compañías de VTC como Cabify. Respecto a la limitación en número, el Alto Tribunal ha solicitado ayuda al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre si va en contra de la libertad de establecimiento y si es compatible con la prohibición de ayudas de Estado. Sobre el resto de medidas aún no ha movido ficha después de admitir a trámite una petición de la Asociación Nacional del Taxi en contra de una sentencia del TSJ del País Vasco que anulaba varios artículos de ese decreto de 2019. No se espera que haya un dictamen en los próximos meses y por eso desde Cataluña buscan ganar tiempo, según explican fuentes del sector.
Mientras todo esto sucede, la presión desde el sector del taxi se ha ido incrementando en las últimas semanas. Hubo una primera protesta en Madrid a principios de junio, justo el día de la aprobación del decreto ley en la Asamblea, con cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana. También ha habido advertencias de otras organizaciones como la propia Élite Taxi sobre manifestaciones en Barcelona si se aprueba un nuevo decreto -sobre el que, según esta organización, ya hay un primer borrador-. Eso sí, la situación en el mercado es distinta a la vivida hace seis años: hoy cientos de taxistas trabajan también para las plataformas como Uber, Cabify o Bolt y la relación es menos turbulenta.
Cataluña y Valencia se movilizan para lograr una moratoria al 'decreto Ábalos' y alargar el periodo de gracia a las licencias VTC hasta finales de 2023
En el lado de las compañías, la propia Bolt planea su desembarco en Barcelona a partir de este lunes en este delicado momento -con un servicio de taxi y VTC-. En paralelo, las gestoras de flotas VTC trabajan en otro frente judicial: planean presentar un nuevo recurso contra el ‘decreto Ábalos’ dentro del proceso que arrancó con las sentencias de tribunales superiores de justicia que tumbaban algunas de las denegaciones de indemnización realizadas por la empresa pública Ineco por no ajustarse a derecho.
Mientras tanto, como telón de fondo se encuentra la fuerte pugna entre Cabify y su principal proveedor de licencias, Grupo Auro, y que aún no se ha resuelto. La plataforma busca ejecutar la sentencia que echaba por tierra el laudo arbitral y le daba la razón respecto al contrato de exclusividad suscrito -hoy opera con el resto de competidores-, mientras que los segundos buscarían una suspensión en el Tribunal Constitucional. Después de más de dos años con el conflicto larvado, la guerra del taxi y la VTC se aviva a las puertas de un nuevo ciclo electoral.
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